Mafias de la protección

No puede permitirse que unas coacciones a los constructores se camuflen como seguridad privada
05 de junio de 2003

En los últimos años, en paralelo al boom de la construcción, la actividad de grupos dedicados a lo que llaman "la vigilancia de obras" ha crecido mucho en Barcelona. Hay casos en que se presta ese servicio. Pero otras veces son clanes, a veces familiares, que se mueven entre la picaresca y la posible coacción, pues quienes les rechazan suelen padecer --¡oh casualidad!-- robos, destrozos e incluso incendios.
Resulta tentador cerrar los ojos. Los constructores, porque su precio compensa las posibles pérdidas; las autoridades, porque quieren creer que personas que podrían dedicarse a cosas peores encuentran así un sustento más o menos controlado. Todo ello conduce a la impunidad, garantizada por la falta de denuncias por miedo, por la dificultad de identificar al responsable o, simplemente, porque si se cede desaparecen realmente los problemas.
En los casos en que es un hecho delictivo, que además se ejerce de manera visible, incluso en la obra pública, no puede consentirse. Es un error legitimar de hecho esas actuaciones. Estos flujos mafiosos se sabe cómo empiezan pero no hasta dónde pueden llegar si persiste la actual tolerancia. Barcelona tiene un grave lunar en este asunto.


Grupos organizados 'protegen' la mayoría de las obras de Barcelona

• Bandas que usan el símbolo gitano controlan el edificio Fòrum y el 80% de trabajos de Poblenou
• La policía asegura que actuará cuando los constructores afectados denuncien la extorsión

En las vallas de la mayoría de edificios en construcción en el área de Barcelona cuelga un cartel que utiliza los elementos de la bandera gitana: dos franjas, azul y verde, y una rueda de carro. Puede ser el distintivo de una empresa de vigilancia constituida legalmente o bien esconder actitudes mafiosas: amenazas y extorsiones que no cesan hasta que se paga la cuota correspondiente. Grupos organizados se encargan de la vigilancia de la casi totalidad de las obras públicas y privadas en el Barcelonès Nord, Barcelona y el Vallès, y desde hace poco en el Maresme.
La venta de protección es una práctica que se ha extendido rápidamente en Barcelona y su entorno. Según fuentes del sector de la construcción y de los distintos cuerpos policiales, resistirse equivale a sufrir incendios y robos, que cesan en cuanto se paga por la presencia de un vigilante o sólo por colgar el cartel correspondiente.
La policía confirma la existencia de denuncias por robos e incendios. Sin embargo, asegura no tener ningún caso por amenazas o coacciones. "Si en vez de pagar denunciaran, el problema se acabaría en poco tiempo", afirmó un responsable policial. Un mando de los Mossos expresó su preocupación por el problema, aunque añadió que prefería "las vigilancias irregulares a los robos".

EL CASO DE POBLENOU
EL PERIÓDICO eligió como muestra el barrio de Poblenou por la enorme transformación urbanística que vive. Tras visitar 39 obras, 31 de ellas (el 80%, incluyendo el edificio del Fòrum, el tranvía de la Diagonal o la escuela del Front Marítim) exhiben un emblema azul y verde que les proporcina inmunidad.
La seguridad se consigue contratando a un vigilante o simplemente abonando una cuota para disponer de la señal que garantiza protección. Fuentes del ramo de la construcción desvelan que las obras pequeñas --edificios de unas 15 viviendas-- pagan al mes unos 900 euros (150.000 pesetas) por la simple colocación del cartel. En el caso de facilitar, además, un vigilante la cifra puede duplicarse. En polígonos o grandes obras públicas, el precio supera los 3.000 euros (500.000 pesetas) y puede alcanzar cifras muy superiores.
Esta actividad empezó a regularizarse a iniciativa del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs y de la fundación Cirem. Hace tres años subvencionaron, con fondos europeos, la creación de la empresa Gaó Kaló. Oriol Homs, director del Cirem, explica que apoyaron este primer proyecto el 2001 tras garantizar la seriedad de los responsables y que las empresas con las que trabajaban no habían sufrido ninguna coacción.
Sin embargo, Homs critica la evolución posterior de grupos que han imitado la fórmula: "No todos juegan sucio. Pero que hay mafias está claro. No se puede financiar con dinero público a los mismos que se dedican a la prostitución o las drogas. Pero están presionando a ayuntamientos para recibir subvenciones, y la laxitud de las administraciones no es admisible". Recientemente, el Cirem se ha negado a financiar a un grupo que quería fundar una empresa en el barrio de Sant Cosme de El Prat de Llobregat porque sabía "quiénes eran y a qué se dedicaban".
Manuel Heredia, presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya, considera que su entidad no puede controlar quién actúa correctamente o no, pero que "cualquier gitano que actúe honradamente puede utilizar la bandera gitana". El presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez Heredia, apunta que debe tenerse en cuenta que muchos empresarios prefieren ahorrarse el precio de una empresa de seguridad privada. Pero pide que "las conductas delictivas que pudieran producirse se midan por el mismo rasero que si las cometiese cualquier otra persona".

El Periodico