Empresa y compromiso social

"HABRÁ CAMBIOS MÁS hondos cuando las empresas vean que se las valora no sólo por la calidad y el precio sino por sus 'buenas prácticas'". IGNASI CARRERAS, director general de Intermón Oxfam.
13 de julio de 2004

Aunque la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tiene una trayectoria de más de un década en el ámbito internacional, en España el debate sobre el grado de compromiso social de las empresas es relativamente reciente. Quizá ello explique las reticencias que ha despertado en algunos grupos de interés –como por ejemplo la CEOE– el intento de aprobar una norma, en el marco de la Asociación Española de Normalización (Aenor) que permita acreditar que las empresas cumplen sus compromisos en el ámbito de la RSC.

Y, sin embargo, es cada día más importante contar con instrumentos que permitan certificar de manera objetiva y transparente qué es lo que están haciendo las empresas para garantizar los derechos básicos de las personas afectadas por su actividad, ya sean los afectados trabajadores implicados en sus procesos de producción y comercialización, o comunidades directamente afectadas por su actividad y sus inversiones.

Que nuestra sociedad está preocupada por el impacto social de la acción de las empresas españolas lo demuestra el interés generado por la publicación, hace cinco meses, del informe Moda que aprieta, en el que analizábamos la actuación de cuatro grandes grupos españoles del sector textil –Cortefiel, Inditex (Zara), Induyco (El Corte Inglés) y Mango–, a partir de la investigación en una docena de talleres de Marruecos. Allí pudimos comprobar como la progresiva reducción de los precios pagados por producto y de los plazos de entrega ha propiciado condiciones laborales penosas: jornadas de hasta 16 horas ininterrumpidas, contratos precarios, trabas a la sindicación, sueldos insuficientes y horas extras forzadas y no remuneradas. Por eso, desde Intermón Oxfam apostamos por el impulso de la RSC en estas empresas, para que se comprometan a erradicar las prácticas que propician dichas situaciones, tanto en sus propios centros de producción, como ejerciendo presión y control sobre sus proveedores.

En este sentido, una de las conclusiones más importantes de aquel informe era que la aprobación de códigos de conducta o la propia formulación de una política de RSC son insuficientes si no existen mecanismos para verificar su cumplimiento, pero, sobre todo, si la RSC no es transversal a todo el negocio y capaz de influir y marcar todas las políticas empresariales, especialmente la de compras.

En el escaso tiempo transcurrido desde aquella llamada de atención ha habido avances positivos. Unos avances, todo hay que decirlo, que han dependido mucho del nivel de desarrollo previo en las políticas de RSC de las empresas estudiadas. Así, por ejemplo, en las compañías que ya contaban con códigos de conducta y departamentos específicos de RSC, los esfuerzos se han concentrado en la normalización y desarrollo de los procesos de verificación, y también en el impulso de programas de acción social (Inditex, Cortefiel). En otros casos se ha dotado a la estrategia de RSC de un mayor rango en el conjunto de las políticas empresariales, implicando en ella a diferentes departamentos (Mango), y allí donde no existían (Induyco) hemos visto nacer una área de RSC y andar los primeros pasos para la elaboración de un código de conducta.

Pero queda mucho por hacer, y la aprobación de una norma Aenor de RSC que fije una serie de puntos exigibles –y en consecuencia verificables de manera independiente– iguales para todas las empresas, sería sólo un primer paso en la buena dirección. Otros pasos necesarios importantes los debería dar el Gobierno español –y todas las administraciones con responsabilidad en el desarrollo económico del país– promocionando la Responsabilidad Social Corporativa a través de ayudas y subvenciones para su implantación, e incorporando criterios de RSC a la hora de adjudicar financiación o contratos públicos a empresas.

El Gobierno debe impulsar la transparencia informativa respecto al impacto medioambiental, social y económico de las actuaciones de las empresas que cotizan en bolsa o que participan en fondos de inversión. Y, desde luego, debe renunciar de forma explícita a presionar –directamente o a través de organismos como el Banco Mundial, el FMI o la OMC– a los países en desarrollo para que flexibilicen su legislación laboral y su control de las inversiones.

Con todo, la eficacia de estas medidas será limitada si las propias empresas –y las personas que las conducen– no asumen de manera clara la responsabilidad ética que les corresponde. Ya nadie duda de que una empresa no es sólo un agente económico, sino un agente social en el sentido más amplio. Sus decisiones económicas generan impactos medioambientales y sociales, por acción u omisión, y tan inaceptable es un vertido contaminante como mirar hacia otro lado para no ver que ciertas prácticas comerciales generan pobreza y abusos de los derechos básicos de los trabajadores.

Para cambiar esta situación es importante el trabajo desde las organizaciones sociales y el diálogo con las empresas, pero lo realmente determinante es la presión de los consumidores. Los cambios más significativos se producirán cuando las empresas perciban que los ciudadanos y ciudadanas les valoran no sólo por la calidad o el precio de sus productos, sino también por sus buenas prácticas.

Es trabajo de todos hacer sentir a las empresas la necesidad urgente de elaborar y aplicar una política de RSC, porque construir un mundo más justo constituye una tarea demasiado importante como para que no participen en ella todos los que pueden contribuir positivamente.

LA VANGUARDIA -08/julio-