CCOO presenta una Iniciativa Legislativa Popular para garantizar el servicio público del Registro Civil

CCOO. -Esta mañana, CCOO ha presentado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa legislativa Popular (ILP) para garantizar el carácter de servicio público del Registro Civil y su gratuidad, así como la confidencialidad y privacidad de los actos de la ciudadanía. Esta ILP rechaza la ley 18/2014 que privatiza el Registro Civil, defiende su mantenimiento en el ámbito público y, para ello, apuesta por que continúe servido, como en los últimos 140 años, por el personal funcionario de la Administración de Justicia.
17 de diciembre de 2014

La presentación de esta ILP tiene el objetivo de lograr que el Parlamento español rechace la Ley 18/2014 de 15 de octubre, aprobada en exclusiva con los votos del Grupo Parlamentario Popular, rompiendo el consenso social establecido en torno a un Registro Civil público y gratuito, y que, además, tiene el rechazo frontal de la inmensa mayoría de la sociedad. Dicha ley 18/2014 recoge, en sus disposiciones adicionales, vigésima a vigesimoquinta, la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los registradores mercantiles (disposición adicional vigesimoprimera).

Esta ILP, que impulsa y presenta CCOO, nace con tres objetivos fundamentales. Primero, devolver el Registro Civil a la ciudadanía, manteniéndolo público y gratuito. Segundo, frenar las políticas privatizadoras del Gobierno del Partido Popular. Y tercero, desenmascarar los oscuros intereses de algunos máximos responsables del Gobierno, especialmente de su presidente, que se permite entregar un servicio público —del que no es su propietario, sino solo un servidor más— a la gestión privada, y lo que es aún más grave, a su gestión por un colectivo de élite, los registradores, a los que las sentencias de la Unión Europea no considera funcionarios públicos.

El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO defiende el derecho de la ciudadanía a que el Registro Civil siga siendo un servicio público, y para ello es imprescindible su mantenimiento dentro del ámbito de la Administración pública. Para CCOO, la capacidad y la cualificación demostrada por el personal de la Administración de Justicia en sus ya más de 140 años en los que el Registro Civil ha sido servido por este personal, demuestra que ahí debe mantenerse, y que es “una aberración" la pretensión del Gobierno de sacarlo de su ámbito y proceder a su privatización.