CCOO pide 'más concreción' para que la futura Ley de movilidad sostenible 'no quede solo en buenas intenciones'

CCOO. - "Podemos estar ante una oportunidad perdida de ordenar y regular de forma sostenible un aspecto tan importante de la vida como son los desplazamientos de las personas trabajadoras", advierte el sindicato. El apartado financiero tendría que haber recogido las políticas fiscales de incentivación del transporte colectivo, del vehículo compartido o de la bicicleta, entre otras cuestiones, "y no hay nada concreto".
24 de octubre de 2014

En las alegaciones planteadas por CCOO-A al Anteproyecto de Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, el sindicato lamenta que no se contemple la obligatoriedad de realizar Planes de Movilidad a los centros de trabajo, "ni siquiera a aquellos de más de 200 personas trabajadoras, o a los polígonos industriales, parques empresariales, etc". CCOO ha explicado que esto "queda a expensas" de su consideración en los correspondientes Planes de movilidad de ámbito superior, dependiendo en última instancia de la elaboración del Plan Andaluz de Movilidad Sostenible, que para más agravante, no tiene plazo obligatorio de elaboración y aprobación.

Igualmente el sindicato ha señalado que en el Anteproyecto no se concreta quien ó quienes serán los responsables de elaborarlos, o lo que es más alarmante "cuál será la participación y el necesario consenso en los planes con las personas trabajadoras o con la representación legal de éstas”. Aunque desde el sindicato ha valorado la creación de la figura del “gestor de movilidad sostenible”, lamenta que tampoco en este caso se concrete su desarrollo reglamentario (competencias, composición de todas las partes implicadas, forma de elección, etc.).

Por lo tanto, si bien el sindicato valora el inicio de la tramitación de este Anteproyecto, considera que adolece de concreción y extremos importantísimos que se dejan a desarrollo normativo posterior," resultando finalmente un documento con muy buenas intenciones pero con muy poco horizonte de cambio y por tanto con poca capacidad de impacto, de resultados eficaces hacia una movilidad más sostenible en Andalucía". 

Asimismo, lamenta las "carencias" en materia de participación en la norma, ya que "con el simple hecho de crear un Observatorio Andaluz de la Movilidad Sostenible y la Logística no se garantiza dicha participación en la toma de decisiones que les afecten, máxime cuando el decreto que ya creó el Observatorio es manifiestamente deficiente e inadecuado", pues "se observa un importante déficit en cuanto a las funciones de consulta y participación de este Observatorio" y piden la creación de un comité de trabajo dentro de este órgano con capacidad para tratar todos los temas relacionados con la movilidad de los centros de trabajo.

Asimismo, lamenta la "generalidad e inconcreción" del Título III de la Ley, que incluye medidas de carácter fiscal, medidas dirigidas al fomento de la movilidad de las personas trabajadoras, fomento del transporte público individual y colectivo o movilidad sostenible de mercancías, que, a su juicio, "deberían tratarse con mayor rigurosidad en este texto".

Para CCOO resulta "inadmisible" que no se concrete suficientemente el régimen sancionador para los incumplidores y apunta que el texto "sólo contempla infracciones y sanciones para la no elaboración o retraso de planes e informes de seguimiento, o retraso en la designación del gestor de movilidad de un centro generador de movilidad". Ante ello el sindicato ve necesario "que se tipifiquen las posibles infracciones y sanciones derivadas de posibles incumplimientos de planes ya elaborados, o el retraso en la elaboración y elevación del informe de evaluación cuatrienal".

"Se trata de una norma de suma importancia y podemos estar ante una oportunidad perdida de ordenar y regular de forma sostenible un aspecto tan importante de la vida  como son los desplazamientos de las personas y de las mercancías, máximo en un momento en el que es fundamental para una persona reducir gastos”. "No podemos ser inductores de una mayor desafección ciudadana al hacer normas inconcretas, sin plazos exigibles para su aplicación y sin financiación concreta", advierte el sindicato.