Líneas de actuación ante la crisis de la economía española
Documento elaborado por Miguel Ángel García, Carlos Martín y Luis Zarapuz del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras
15 de mayo de 2009
La
crisis financiera en el Estados Unidos se ha convertido en una
recesión generalizada de la economía real que afecta a casi todo el
planeta.La masiva distribución por los bancos anglosajones de sofisticados
activos por valor de billones de dólares sin el debido respaldo en
operaciones solventes de crédito fue el detonante de una crisis
financiera, que en un breve periodo de tiempo ha contaminado la
actividad productiva hasta sumir en la recesión buena parte de las
economías mundiales. El origen de la crisis ha tenido en apariencia
carácter financiero pero la acumulación de burbujas en países
desarrollados durante las dos últimas décadas (punto.com,
inmobiliaria, financiera) apoyadas todas en el crecimiento artificial
de los precios monetarios de los activos propios (mobiliarios e
inmobiliarios) podría haber sido utilizado como compensación de una
cierta incapacidad para competir en el mercado internacional de
bienes y servicios mediante el mayor valor añadido de sus productos.
De ser cierta esta aseveración, sin calificar el cambio todavía
como sistémico, podríamos estar asistiendo a un cierto
desplazamiento del poder económico hacia países emergentes, en
especial los asiáticos y, sobre todo, China. Un territorio, por otra
parte, sin libertades políticas ni sindicales donde no se respetan
las mínimas normas en las condiciones de trabajo. La presión del
modelo del en apariencia superado Consenso de Washington pueden
cambiar por otras no mejores para los intereses de los trabajadores
del mundo.
Las
medidas adoptadas en todo el mundo para afrontar la crisis han estado
en gran medida apoyadas en intervenciones del sector público con el
apoyo de grandes cantidades de dinero público. Las recientes
decisiones adoptadas en la senda de apoyar a los países emergentes
con 1,1 billones de dólares puede ayudar a limitar los efectos de
una recesión que afecta a las tres cuartas partes del consumo
mundial, pero la solución a la crisis no será posible mientras no
se cuantifiquen y, sobre todo, se consoliden las graves pérdidas
incurridas no sólo en los balances bancarios sino también en los de
las empresas y de las familias. Una parte del mundo tiene un nivel de
deudas elevado y además su patrimonio vale menos, de manera que
hasta que no se haga a esa idea no podrá afrontar en condiciones el
reto de salir de la crisis. Un reconocimiento de pérdidas al que
además, debe ir unido la adopción de los necesarios cambios en las
prácticas amparadas en planteamientos dogmáticos que deidificaron
la actuación del mercado sin la necesaria regulación y control de
las autoridades públicas.
La economía española está sumida en una crisis muy profunda con
características propias cuyas consecuencias se agravan por las
circunstancias internacionales. De no cambiar aspectos estructurales,
la economía española será incapaz de alcanzar una tasa anual de
crecimiento de su producto nacional mínimamente aceptable, incluso
si se solucionaran los graves problemas que aquejan a las principales
economías del mundo, en especial por su peso, la de Estados Unidos.
La
complejidad de la situación aconseja utilizar una visión global que
agrupe las decisiones del sector privado y público para afrontar los
profundos y complejos problemas de la economía española de manera
pueda aprovechar las sinergias de las medidas adoptadas que como es
obligado en economía, siempre se realizan con recursos limitados.
Desde esta perspectiva integral con recursos públicos limitados, en
España sería
recomendable agrupar la protección social y Servicios Públicos de
Empleo, ampliación y mejora del tejido productivo, inversiones
públicas, ingresos públicos, políticas de apoyo al alquiler, y
normalización del papel de intermediación del sistema financiero,
con otras de oferta que mejoren a corto plazo la competencia de los
productos españoles mediante la adecuada asignación entre los
factores de producción de los esfuerzos necesarios. Este
planteamiento podría limitar los daños en destrucción de empresas
y empleo realizando un reparto equilibrado de los esfuerzos entre la
población y los diferentes factores de producción. La parcelación
de las medidas, tal y como se ha venido haciendo hasta este momento,
reduce significativamente su capacidad de éxito e, incluso, puede
generar efectos indeseables en algunos apartados no menores porque
cabe la posibilidad de alcanzar una situación igualmente
desfavorable y haber desaparecido los pocos márgenes actuales.
1)
Las políticas de empleo y protección al desempleo juegan un papel
muy destacado en las sociedades desarrolladas al conjugar la igualdad
de oportunidades con la protección en momentos de necesidad.
La
principal política pública para proteger a las personas en peor
situación es el sistema deprestaciones por desempleo,aunque no hay que despreciar la ayuda que pueden prestar otras
políticas como los servicios sociales o la asistencia sanitaria.
Fortalecer estas políticas prestando especial atención a las
personas en peor situación ayuda a mejora la calidad de vida de los
trabajadores siendo conscientes de los posibles límites
presupuestarios para hacer frente a las elevadas exigencias
económicas que obliga mantener una política de estas
características durante un periodo prolongado de tiempo con un
elevado número de beneficiarios.
Dado
que los recursos públicos nunca son ilimitados sería conveniente
conocer con el mayor detalle posible la situación del millón de
trabajadores inscritos en el Registro de parados del Servicio Público
de Empleo que declaran no disponer de ninguna prestación y eludiendo
presiones corporativas, dar prioridad a aquellas personas con mayor
estado de necesidad (cargas familiares, ausencia total de ingresos,
mayores dificultades para encontrar empleo…).
En
una situación de aumento del desempleo cobra más protagonismo
disponer de unos
servicios de empleo que ayuden a las personas a buscar trabajo.
Con este objetivo, el carácter público permite garantizar la
igualdad de oportunidades en el trato con el necesario control de la
percepción de las prestaciones económico por desempleo, siempre y
cuando funcione adecuadamente la herramienta pública, algo que no se
cumple en la actualidad en su primer apartado.
Se
trataría de conseguir una mayor integración de las políticas
activas de empleo teniendo en cuenta su utilidad para el usuario,
para lo cual es necesario disponer de itinerarios individualizados de
inserción debidamente tutelados. Una actividad que necesita una
previa identificación de los colectivos, en especial de aquellos
grupos que necesitan atención prioritaria y, por supuesto, recursos
humanos necesarios1.
Es
necesario reorientar la actual situación de los Servicios Públicos
de Empleo (SPE), ya que hasta ahora, sus funciones son el diseño, la
planificación y la gestión de las políticas activas de empleo,
olvidando la función de servicio a los ciudadanos. Así, en la
práctica, los SPE son una maquinaria
administrativa(bastante engrasada ya después de muchos años de trabajar así)
para sacar convocatorias de programas sobre orientación y formación
de trabajadores en desempleo, su adjudicación y posterior
justificación económica, un tanto lejanos de las capacidades de las
personas y de las necesidades reales del tejido productivo español.
Además, la oferta de estos programas se ha ido ampliando a partir de
la transferencia de gestión a las Comunidades Autónomas -programas
con norma estatal y programas propios de las CC.AA.-, sumada a la
amplia oferta que realizan otras entidades: Corporaciones Locales y
Cabildos Insulares, u otros agentes privados. Los usuarios perciben
un sistema desarticulado y genérico, sin sentido respecto a su
situación y necesidades concretas.
2)
La concentración de la actividad económica y de las inversiones en
operaciones inmobiliarias durante una etapa demasiado larga ha
debilitado sensiblemente el resto del tejido productivo español como
demuestra la continua pérdida de cuota de mercado interna y externa
experimentada en la última década. Los elevados saldos negativos
cosechados en el comercio exterior en los últimos años son un hecho
preocupante pero aún lo es más que un ejercicio marcado por la
recesión durante un semestre, la economía española haya incurrido
en un déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente del 9,7%
del PIB.
Esta
debilidad para competir con terceros es una de las principales
explicaciones de la mayor destrucción de empleo en España comparada
con otros países de nuestro entorno (tasa de paro del 15% en marzo
de 2009 con una perspectiva muy sombría en su próxima evolución).
Alcanzado este punto al que no es ajeno haber apurado de lejos todos
los límites razonables del anterior modelo, el objetivo de la
sociedad española debe ser parar la sangría en la pérdida de
empleo con políticas
que permitan a los bienes y servicios españoles recuperar cuota de
mercado interno y externo.
Para abordar esta prioridad es preciso instrumentar decisiones a
corto, medio plazo y largo plazo.
El
análisis detallado de los puntos débiles de nuestro tejido
productivo (bastantes cuando se analiza con detalle los epígrafes de
la balanza de pagos2)
permitiría obtener algunas pistas sobre cómo reforzar la capacidad
de competir mediante políticas educativas, de inversiones en
infraestructuras físicas y, sobre todo, de investigación y
desarrollo, es decir, tecnológicas. Las políticas sectoriales,
objeto de un escaso interés durante bastante tiempo por sucesivos
Ejecutivos, deben aumentar su protagonismo para dentro de las normas
de competencia marcadas en el modelo social europeo, ampliar y
mejorar la capacidad de las empresas españolas para competir en los
actuales mercados. En el cumplimiento de este objetivo, nada fácil
de conseguir, el papel del sector público es determinante como
orientador y financiador de actuaciones, para lo cuál se necesita
mejorar y mucho, en la coordinación de las distintas
administraciones y niveles de gobierno para conseguir sinergias que
defiendan intereses comunes.
Cambiar
el modelo productivo es fundamental a medio plazo, pero ante la
gravedad de la situación, el objetivo prioritario es crear, mantener
o como mínimo limitar, la destrucción de empleo con una estrategia
que distribuya equilibradamente los esfuerzos exigidos a empresarios
y trabajadores. La bajada en el precio de las materias primas y la
imposibilidad de influir en el tipo de cambio del euro, señala los
costes laborales y los beneficios empresariales como factores
fundamentales en esta tarea porque cuando no se puede aumentar las
ventas por su valor añadido, de no acometerse una bajada en el
precio de los productos se produce un ajuste en cantidad, es decir,
se reducen las plantillas y/o se cierran empresas con la consecuente
pérdida de puestos de trabajo.
La
negociación colectiva es un proceso donde se trata entre otras
muchas cuestiones, la distribución de renta entre los factores de
producción, pero las actuales condiciones, por difíciles y
especiales, dificultan bastante articular propuestas que permitan
encontrar una distribución equilibrada en el reparto de la riqueza
y, sobre todo, de los esfuerzos en ese escenario, de manera que se
podría intentar buscar algún marco más amplio que permitiría
ajustar los objetivos mencionados.
En
las actuales circunstancias, algunas propuestas apoyan un
significativo incremento de los salarios para reforzar el consumo
interno y de esa manera generar mayor producción nacional. Las
condiciones del tejido productivo español hacen que una medida de
esas características pueda acarrear otras consecuencias: una
exportación de riqueza al exterior por la comprobada falta de
capacidad de los productos españoles para competir con terceros, la
traslación al ahorro (por motivo de precaución) de las mejoras
salariales obtenidas, y/o una mayor destrucción de empleo derivada
de la decisión empresarial de no superar una determinada barrera de
costes laborales que afectaría en mayor medida a los trabajadores
temporales. De ser así, el pretendido efecto positivo sobre la
demanda interna buscado con el incremento de la masa salarial a
través del crecimiento de los salarios nominales muy por encima de
la inflación, se volvería en contra al compensarse con creces las
pretendidas ventajas con una mayor destrucción de empleo.
A
la espera de poder mejorar la competitividad mediante un incremento
del valor añadido de los bienes y servicios españoles, una
disminución en los precios (también obligada por el elevado
diferencial en inflación acumulado en la economía española en la
última década y por la imposibilidad de modificar el tipo de
cambio) permitiría ganar cuota de mercado, y su aplicación de forma
consensuada con un reparto equilibrado en la distribución de los
esfuerzos entre rentas del trabajo y capital permitiría un mayor
control en su puesta en práctica que de otra manera, puede
realizarse con una distribución peor para los intereses de los más
débiles. Los esfuerzos concretados en un menor crecimiento de los
coste laborales de los trabajadores ocupados y de los beneficios de
las empresas, por tanto, deben estar compensados con empleo y un
flujo de inversiones dirigidas a ampliar y mejorar el tejido
productivo.
3)
La inversión
públicaes un mecanismo adecuado para reactivar la demanda agregada de una
economía y, en consecuencia, la producción del país, gracias, tal
y como demuestra la teoría económica, a su mayor efecto
multiplicador en relación con las rebajas de impuestos. Reconocida
la ventaja de este tipo de políticas, las inversiones públicas
deben también buscar objetivos que mejoren la eficiencia y
competitividad de la economía española, a la que vez que
contribuyan a la satisfacción de necesidades sociales básicas
(sanidady atención
a la dependencia, educación, transporte colectivo,…),con un volumen e intensidad modulada en el tiempo, de manera que
pueda cumplir un papel protagonista durante un tiempo más dilatado.
En este sentido, junto a la enseñanza, las políticas de apoyo a la
Investigación y el Desarrollo y las de apoyo a las infraestructuras
de ferrocarril pueden jugar un papel destacado en la actual
situación.
4)
Adicionalmente a las políticas selectivas de inversión pública,
sería conveniente arbitrar políticas mucho más ambiciosas en la
aplicación de la Ley
de atención a las personas en situación de dependencia, educación
de niños de cero a tres años y apoyo firme al alquiler de vivienda
mediante políticas públicas.
Como ejemplo, una ambiciosa política de alquiler que consiga reducir
el precio real pagado por los trabajadores para acceder a una
vivienda al treinta por ciento de sus ingresos, mejora más el poder
adquisitivo de una familia que una subida de su salario, hasta el
punto que la situación de una persona con un salario de 1.000 euros
cambia si puede acceder a una vivienda con un tercio de su renta. En
un contexto donde parece necesario ajustar a corto plazo el precio
final de los bienes y servicios españoles, las políticas enumeradas
reduciría la presión de crecimiento de los salarios, además de
conjugar la satisfacción de demandas sociales muy sentidas, la
creación de nuevos empleos y el uso de recursos disponibles ahora
ociosos (viviendas construidas y desocupadas), por lo que jugaría un
papel relevante dentro de un posible pacto de rentas en el conjunto
de la economía española, al permitir ganancias de poder adquisitivo
muy superiores a las que pudieran derivarse de incrementos salariales
nominales. Hay que abaratar el coste de la vivienda habitual y poner
las bases para que no vuelva a dispararse en el futuro.
5)
Conviene reseñar que el fuerte descenso en la recaudación de
tributos afecta a todas las Administraciones Públicas con el
consiguiente perjuicio en su correcto funcionamiento. El desajuste
constatado puede tener peores consecuencias en el caso que alguna
administración haya configurado una estructura de gastos corrientes
ajustada a unos ingresos que en este momento se perciben claramente
como extraordinarios. De asumirse esta hipótesis, nada exagerada
después de analizar con detalle sus presupuestos liquidados, las
partidas sin contabilizar y la deuda emitida, sería recomendable
analizar con detalle los actuales sistemas de financiación del
modelo de estado multinivel vigente con objeto de analizar el grado
de riqueza y acomodarla al cumplimiento de las distintas funciones
atribuidas a cada uno de ellos en el Estado de las Autonomías
(Administración General del Estado, Seguridad Social, Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales).
En
un hipotético escenario de intentar reducir el precio de los
productos españoles, conviene recordar que las cotizaciones sociales
forman parte de los costes laborales de los empresarios pero a su
vez, también componen la remuneración de los asalariados en la
distribución de la renta por factores de producción, y dado su
carácter finalista, se utilizan como financiación de algunas de las
políticas públicas. Las modificaciones en este terreno, por tanto,
deben evitar efectos no deseados en alguno de los ámbitos de
influencia, y si lo hacen, buscar contrapartidas suficientes en
otros.
En
este terreno, la imprescindible presencia del sector público para
afrontar la crisis a través de las inversiones y el gasto en
protección social debería estar acompañada de medidas para
aumentar los ingresospúblicosy limitar el saldo negativo de las cuentas de las Administraciones
Públicas. En esta dirección se podría restablecer el Impuesto
sobre Patrimonio (1.800,00 millones de euros), hacer desaparecer la
deducción en cuota de 400 euros en el IRPF (5.500,00 millones de
euros), modular los tipos de gravamen del Impuesto de Sociedades y
del IVA. Disponer de más ingresos con este tipo de medidas (mínimo
de 10.000 millones de euros) permitiría una transferencia que
transformaría ahorro privado en gasto público disminuyendo la deuda
pública en circulación, con las consiguientes ventajas en margen de
maniobra en la colocación de deuda pública y disminución de los
gastos financieros. En la actual situación también sería útil
revertir las bajadas del IRPF de las últimas legislaturas para los
tramos elevados de rentas con objeto de exigir un mayor esfuerzo a
las personas con rentas más elevadas mediante un incremento de los
tipos de gravamen de la tarifa general y la imposición de una tarifa
progresiva en el capítulo de rentas de capital (15% - 25%).
El
saldo negativo en las cuentas de las Administraciones Públicas puede
obligar también a una subida de impuestos en el ámbito autonómico
y local (Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Impuestos sobre
Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos,…). Una medida dolorosa
para los contribuyentes pero que puede llegar a ser imprescindible si
se quiere afrontar el actual nivel de gasto corriente, dado que la
posibilidad de recibir recursos de la Administración General del
Estado sólo se puede realizar incurriendo en un mayor nivel de
déficit por su parte.
La
mayor presencia de las políticas públicas en su doble vertiente de
operaciones no financieras y financieras (préstamos a terceros) y la
caída en los ingresos derivada de la menor actividad económica
(-11,9% en 2008 en la Administración General del Estado), como es
lógico, está teniendo repercusión en el saldo de las cuentas de la
Administración General del Estado que ha necesitado una mayor
emisión de deuda pública (47.781,00 millones de euros adicionales
sobre la previsión inicial hasta alcanzar los 327.663,00 millones de
euros). El nivel de deuda del Reino de España en 2008 ha aumentado
3,1 puntos del PIB (de 36,3% a 39,4% del PIB), según el Ministerio
de Economía, aunque el déficit reconocido ha sido del 3,82% del PIB
y se han realizado abundantes operaciones financieras que necesitan
soporte en la emisión de deuda, por lo que no es disparatado pensar
en un aumento adicional en el corto plazo.
El
nivel de endeudamiento de las Administraciones Públicas españolas
es mejor que la media de la Unión Europea (40,0% frente a 67% del
PIB) y, por tanto, dispone de mayores márgenes, pero en este terreno
es conveniente tener en cuenta que el incremento del saldo de deuda
no solo implica mayores problemas para situarla en el mercado (prima
de riesgo de un punto porcentual y empeoramiento de la calificación)
sino que también genera una deuda a futuro que repercute
negativamente en los gastos financieros (2.100 millones adicionales
al año para la Administración General del Estado por el aumento en
2008).
Un
déficit en 2009 de las cuentas públicas españolas superior al seis
por ciento en operaciones no financieras junto a la mayor necesidad
de utilizar los préstamos a terceros (activos financieros) como es
el caso de las operaciones vehiculadas a través del ICO puede
aumentar la deuda en circulación del Reino de España en diez puntos
porcentuales del PIB que situaría la deuda en circulación en el
52,5% del PIB (el programa de actualización del Plan de Estabilidad
lo sitúa en el 47,3% del PIB). Las perspectivas para 2010 aumentan
el endeudamiento hasta cerca del 60% del PIB. De ampliarse en veinte
puntos del PIB los gastos de financiación aumentarían en 8.000
millones de euros anuales (0,8 puntos del PIB).
6)
Además de las políticas enumeradas es preciso reflexionar en otras
áreas también importantes que probablemente exijan medidas
complementarias a las ya adoptadas. Un elemento clave es normalizar
el funcionamiento del sistema financiero españolcomo intermediador entre el ahorro y el crédito, que presenta sus
propias deficiencias como suma de causas bastante complejas. La
diferencia en los vencimientos entre la deuda de las instituciones
financieras españolas con inversores extranjeros (más de 200.000
millones de euros en el plazo de dos años) y la que mantienen con
ellos los agentes económicos españoles (plazo medio de veinticinco
años), el sobreendeudamiento de familias y empresas españolas y los
fallidos provocados por la crisis (en una proporción y cuantía
elevada corresponde a promotoras inmobiliarias), complican bastante
la generación de nuevo crédito.
En
esta situación parece necesario realizar un análisis más en
profundidad de la situación real de las entidades financieras y es
necesario adoptar nuevas medidas que puedan hacer desaparecer las
actuales deficiencias y limitaciones en la concesión de crédito,
sin por ello dejar de proteger los intereses de los contribuyentes al
no incurrir en problemas de riesgo moral al penalizar públicamente a
los culpables cuando sea evidente su mala gestión.
Es
muy necesario asegurar que las entidades financieras públicas
cumplan con el objetivo de perseguir objetivos de interés general
(productivos, económicos, sociales), de manera que se deben
penalizar e introducir las medidas adecuadas cuando la práctica
demuestre planteamientos diferentes (clientelismo o criterios
partidistas) que además cuando derivan en pérdidas incorporan
costes adicionales para la sociedad.
La
escasez de liquidez observada permite un uso más activo del ICO para
restablecer el crédito de las PYMES mediante convenios con las
entidades financieras concertadas en el pago comisiones por su
gestión y la sunción de un porcentaje razonable de fallidos.
1Mayor
detalle en “Análisis y líneas reactuación sobre políticas
activas de empleo”. C. S. de Comisiones Obreras. Noviembre 2008.
2Mayor
detalle en Crisis financiera, situación de la economía española y
PGE 2009. C. S. de Comisiones Obreras. Noviembre 2008
Miguel Ángel García, Carlos Martín y Luis Zarapuz del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras
Cuadernos de la Fundación 1º de Mayo
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