Bruselas paraliza la entrada de las cajas en Izar y bloquea el plan del Gobierno

Sepi y sindicatos tendrán que buscar nuevas fórmulas para salvar el negocio civil de Izar, siempre y cuando se respete el 51% del accionariado en manos privadas.
17 de noviembre de 2004

La Sepi comunicará hoy a los sindicatos que los astilleros civiles deberán conseguir una participación privada de al menos el 51% sin la ayuda accionarial de las entidades de ahorro para no verse condenados al cierre.

El esquema que propusieron los sindicatos para salvar los astilleros civiles de Izar no ha sido aceptado por las autoridades de competencia europeas.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) explicará hoy a los sindicatos que las factorías de Gijón, Sevilla, Sestao y Manises (Valencia) no podrán comenzar una nueva etapa con una estructura accionarial en la que Sepi controle el 49%, las cajas posean el 21% y el restante 30% quede en manos de inversores privados.

Bruselas entiende que las cajas son entidades públicas, pese que ellas defienden su carácter privado, y que el 70% que sumarían Sepi y las entidades de ahorro supondría el control público de los astilleros civiles. De esta manera, el Gobierno paraliza el protagonismo de las entidades de ahorro en el plan de viabilidad de Izar y bloquea el proceso de diálogo con los sindicatos. CCOO y UGT sólo darán su visto bueno a la segregación del negocio militar y civil de Izar siempre que se asegure el control público de todas las factorías.

Sepi y sindicatos tendrán que buscar nuevas fórmulas para salvar el negocio civil de Izar, siempre y cuando se respete el 51% del accionariado en manos privadas.

“Las cajas de ahorros podrían entrar en el capital de los astilleros civiles, pero sólo en el tramo accionarial, un máximo del 49%, que no esté controlado por los inversores privados”, señalan fuentes cercanas a la operación.

Fuentes de Sepi no quisieron hacer ningún comentario y se remitieron a la reunión que hoy celebrará el organismo estatal con los sindicatos. En este encuentro, el Gobierno podría dar a conocer nuevos detalles sobre los avances de las negociaciones con Bruselas y en qué situación están los casos de determinados activos de los astilleros de Fene y San Fernando.

El Ejecutivo pidió que parte de estas factorías civiles se incluyeran en New Izar, el holding que agrupa a los astilleros militares, por su importancia estratégica. Si Fene-Reparaciones es el complemento al centro militar de Ferrol, San Fernando-Sistemas es la dueña de la empresa Faba, especialista en la integración de sistemas de combate.

Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda, aseguraba ayer que el Gobierno seguirá trabajando para encontrar una solución al problema de Izar y a la devolución de las ayudas de Estado ilegales recibidas por los astilleros públicos. Solbes no descartó que haya “correcciones o nuevos elementos” en las negociaciones con la Comisión Europea.

Un malogrado señuelo para la entrada de capital privado
La propuesta de los sindicatos para el negocio civil de Izar que el Gobierno trasladó a Bruselas suponía un gran incentivo para la entrada de capital privado. Saber que al menos un 21% de la empresa iba a estar en manos de las cajas de ahorros era un plus de seguridad para los inversores que se atrevieran a apostar por los astilleros civiles de Izar, los menos rentables del grupo. Mientras que los posibles inversores privados las echarán de menos, las cajas de ahorros respirarán tranquilas ya que siempre se han mostrado reticentes a la entrada en Izar.

La escasa carga de trabajo del negocio civil y el futuro inestable de los astilleros no animaba a las cajas, que eran conscientes de que la presión autonómica y del Gobierno central les forzaría a entrar contra su voluntad. El no de Bruselas a su participación en el accionariado privado no les cierra definitivamente el camino, ya que podrían acudir al rescate de Izar con otras fórmulas como participar en el 49% de los astilleros que quedará en manos públicas.

Exigencias europeas

El accionariado de los astilleros civiles tendrá que estar controlado al menos en un 51% por inversores privados.

La decisión bloquea el diálogo entre Gobierno y sindicatos. Estos condicionan su visto bueno a la segregación del negocio civil y militar siempre que se asegurara el control público de todas las factorías.

Hoy podrían conocerse nuevos detalles sobre la situación de Fene y San Fernando.