COMFIA - CCOO


VOLVER A LA PÁGINA PRINCIAL

vie 19 dic 2014 07:37:09 UTC

CCOO reclama que la anunciada reforma del sistema de formación no se convierta en un coto de intereses económicos y políticos

CCOO. - Los centros de formación, casi exclusivamente privados, han pasado de gestionar 43 millones de euros en 2012 a casi 79 en las convocatorias de 2014. Entre estos centros destacan los miembros de organizaciones de centros privados de formación, como la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación, recientemente constituida.

Con la excusa de la libre concurrencia, el Ministerio de Empleo sigue dando un trato de favor a determinados centros privados de formación, mientras otros son condenados a un incierto futuro. La denominada convocatoria de centros no solo dispone de 20 millones de euros más que en convocatorias anteriores, sino que se les reserva en exclusividad el acceso a los proyectos para jóvenes. Por el contrario, Fundaciones, organizaciones de autónomos y de la economía social, entre otros, han sido excluidos, de forma inexplicable, de estas ayudas.

Los centros de formación, casi exclusivamente privados, han pasado de gestionar 43 millones de euros en 2012 a casi 79 en las convocatorias de 2014. Pero no todos han resultado beneficiados. Si la convocatoria pretendía, teóricamente, una mejor distribución de las ayudas, el resultado final demuestra otra cosa: la Administración únicamente ha concedido ayuda para la formación de jóvenes a 23 centros de formación, que han sido subvencionados con más de 40 millones de euros.

Curiosamente, entre estos centros destacan los miembros de organizaciones de centros privados de formación, como la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación, recientemente constituida. Para Francisco Moreno representante de CCOO en el Patronato de la Fundación Tripartita “es evidente que este nuevo modelo no da los resultados esperados, pues la concentración de ayudas en un reducido número de beneficiarios se aproxima más al oligopolio de la formación que a la libre concurrencia”.

Además, este año se ha abierto una nueva vía de ayudas destinada a formación relacionada con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) o con programas formativos de fabricantes en TIC. “Los centros que pueden impartir este tipo de formación deben estar autorizados por estas empresas. En este caso, la Administración ha dejado en sus manos la potestad de decidir qué centros pueden impartir esta formación y por tanto recibir ayudas. Así, el Gobierno ha renunciado a su obligado papel regulador de la formación, favoreciendo a unos centros en detrimento de otros, al depender del reconocimiento de grandes empresas. Como consecuencia solo seis empresas se reparten los casi ocho millones de euros asignados a esta iniciativa”, explica Francisco Moreno.

Al tiempo que se aplican estas nuevas medidas, se han eliminado en la presente convocatoria de ayudas estatales para la formación, los proyectos de formación con prácticas profesionales no laborales en empresas, que permitían aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno profesional real. Estos proyectos sí podían ser solicitados por organizaciones sindicales, empresariales, de economía social, de autónomos y también las Fundaciones.

En opinión de Javier López, secretario confederal de Formación “la Administración parece haber dedicado más esfuerzos en procurar la segregación y eliminación del sistema de determinadas organizaciones, que en apoyar aquellas medidas que mejoran la empleabilidad de los trabajadores”.
Sin embargo, se han mantenido las ayudas a empresas para formar a trabajadores con el compromiso de contratar al menos al 30% de los participantes durante seis meses y no ha tenido demanda suficiente para agotar el presupuesto: el excedente es de casi cinco millones de euros. Ante estos datos, parece evidente que la financiación de la formación no es el problema central que resuelve los problemas de empleo sino otro tipo de políticas de impulso económico.

El Gobierno, en su pretensión última de reordenar el sistema de formación, está burlando el Real Decreto que lo regula, limitando el acceso a las organizaciones y estableciendo requisitos de solicitud imposibles de cumplir. Exigencias como la de tener un volumen de facturación por formación, a organizaciones cuyo fin no es vender formación, anulan la posibilidad de solicitar la subvención. Esto ha llevado a que más de 50 organizaciones empresariales representativas en 55 sectores no hayan podido este año obtener subvención.

“Lo que sí parece claro, tras el desarrollo de esta convocatoria, afirma Javier López, es que el Gobierno expulsa a los agentes sociales de los órganos de participación, discusión y decisión. La toma de decisiones corresponde, en exclusiva, a la Administración. Con todo ello y a pesar del maquillaje mediático que se intenta vender con la “libre concurrencia” y una pretendida mayor “imparcialidad”, lo cierto es que aumenta la discrecionalidad de la Administración en la toma de decisiones y se aparta a las organizaciones del gobierno de los recursos procedentes de la cuota que empresas y trabajadores ingresan mes tras mes en la Seguridad Social, negándoles la información y la participación en un sistema que nace del acuerdo y del diálogo”.

El sindicalista ha concluido exigiendo que “la anunciada reforma del sistema de formación para el empleo, no consista en un reparto del “botín” de la cuota de formación entre empresas y centros de formación. El sistema se ha construido durante los últimos más de 20 años y necesita ajustes, mejoras y reformas. Pero para dotarlo de más eficacia, eficiencia y gestión transparente de los recursos., sin hurtar el papel que las sentencias del propio Tribunal Constitucional otorgan a la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos y al diálogo social entre gobiernos, organizaciones sindicales y empresariales. Sin información, el control se hace imposible y sin participación, la formación dejará de ser un derecho de las personas, para convertirse en un producto en manos de los intereses económicos y políticos”.


VOLVER A LA PÁGINA PRINCIAL