CCOO valora que el Pleno del Congreso haya aprobado la Proposición de Ley de modificación del artículo 42.1 del ET


CCOO. -Con el voto favorable de la mayoría de los partidos políticos (exceptuando la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP), el Pleno del Congreso ha aprobado la propuesta del PSOE de Proposición de Ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. CCOO recuerda en este sentido que en 2015 se dirigió a los partidos políticos y al Gobierno para solicitar la regulación de las empresas multiservicios para su control y seguimiento, y que en este terreno se han conseguido desde la acción sindical anular jurídicamente 48 convenios de empresas multiservicios.

La externalización de servicios en nuestro país es una práctica cada vez más extendida en distintos sectores, sin que la normativa laboral se haya ajustado de manera óptima a su progresiva implantación, circunstancia que hace necesaria su revisión.

CCOO en 2015 ya se dirigió a los partidos políticos y al Gobierno para solicitar la urgente reforma legislativa del Estatuto de los Trabajadores, además de la derogación de la reforma laboral y la regulación de las empresas multiservicios para su control y seguimiento, y en este terreno se han conseguido desde la acción sindical anular jurídicamente 48 convenios de empresas multiservicios.

La modificación legislativa aprobada en el Congreso se centra en equiparar las condiciones laborales de la plantilla externalizada. La problemática radica en la falta de criterios claros sobre qué se considera actividad principal dentro de una empresa. Las empresas consideran externalizable cualquier parte del proceso productivo o de la actividad nuclear de la empresa (como en el caso de las camareras de piso en los hoteles). Una vez externalizada la actividad, optan por subcontratar a empresas con convenios de empresa precarios y fuera del marco sectorial. Esto desembocaba en una situación de competencia desleal entre empresas, situándose en una mejor posición competitiva quienes externalizan frente a las empresas que mantienen dichos servicios, al trasladar costes salariales a las “empresas de servicios".

Por tanto, la normativa debe asegurar que los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en un mismo sector tengan garantizado el mismo salario, y las mismas condiciones de trabajo. En la actualidad, se detectan casos en que los trabajadores subrogados por empresas de servicios cobran el salario de origen y las nuevas contrataciones exactamente la mitad, como ocurre con las camareras de pisos.

Para evitar esta discriminación salarial, el nuevo texto de la ley que se quiere incorporar al Estatuto de los Trabajadores, con la modificación del artículo 42, apartado 1., añade los dos siguientes párrafos: “se entenderá que el objeto de la contratación o subcontratación supone la realización de las obras o servicios correspondientes a la propia actividad del empresario contratante cuando se corresponda con todas o alguna de las actividades principales o nucleares del mismo y suponga, por parte del subcontratista, la aportación de mano de obra que desarrollen funciones profesionales que tienen relación directa con dichas actividades principales o nucleares. En estos casos, las empresas contratistas y subcontratistas deberán garantizar a los trabajadores afectados por la contrata o subcontrata, durante el tiempo en que se presten servicios adscritos a la misma, las condiciones laborales y de empleo esenciales, previstas en el convenio colectivo que fuese de aplicación a la empresa principal o, en su caso, las que tendría si fueran trabajadores contratados directamente por dicho empresario principal.

A estos efectos se consideran condiciones laborales y de empleo esenciales las referidas a remuneración y cuantía salarial, condiciones de contratación, tiempo de trabajo y descanso, igualdad, protección de la maternidad, lactancia y paternidad y frentes a los riego laborales”

CCOO valora que el trabajo realizado desde CCOO y UGT haya sido reconocido por la mayoría de los grupos parlamentarios con esta medida legislativa, que supone un paso más en la igualdad real de las condiciones sociales y económicas del conjunto de los trabajadores y trabajadoras que prestan iguales servicios en los mismos sectores de la producción, con independencia de su ámbito de contratación.


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