Urge consensuar un plan especial para la igualdad laboral de mujeres y hombres
CCOO. - Sin atisbo de mejora en la situación laboral de las trabajadoras o en cuanto a las brechas de género se refiere. No sólo no mejoran, en muchos casos empeoran. En el horizonte, ninguna salida de la crisis del desempleo y la desprotección, que tienden a cronificarse. Cada dato o estadística oficial que conocemos nos acerca más a esta conclusión: ésta será una legislatura perdida para el avance en igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en el empleo. A escasos meses de las elecciones generales, el gobierno aún tiene una última oportunidad si es capaz de poner en marcha un Plan Especial para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral consensuado con los agentes sociales.
Los datos de desempleo y afiliación a la seguridad social de enero 2015, conocidos este pasado martes, pese a la lectura optimista del gobierno, revelan que el largo invierno del desempleo femenino ha llegado para quedarse. Mes a mes (o trimestre a trimestre, en el caso de los datos de la EPA), vemos cómo se reproducen las mismas pautas: 1. Cuando aumenta el desempleo, el de las mujeres prácticamente dobla al de los hombres. 2. Cuando hay descenso de desempleo, el femenino supone la mitad del masculino.
¿Qué nos deja ver esto? Que el mercado laboral presenta dificultades añadidas a las mujeres en el acceso y en la permanencia, lo que revela la persistencia de mecanismos de discriminación que actúan como barreras impidiendo el ejercicio de los derechos a la mitad de la ciudadanía, las mujeres. Y no nos queda otro remedio que meter el dedo en el ojo al gobierno, porque, por mandato constitucional, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad de personas y grupos sea real y efectiva, y corresponde a los gobiernos remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación en cualquier esfera de la vida, incluida la laboral.
El gobierno sí, pero escuchando y consensuando con quienes representan los intereses y defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que somos capaces de hacer un diagnóstico razonado y probado y que somos capaces de elaborar medidas correctoras razonadas y proporcionadas. Que incluimos la dimensión de género en las políticas de empleo como principio. Que conocemos las necesidades de las trabajadoras: más igualdad, más derechos, más corresponsabilidad.
Aunque desde CCOO preferimos hablar y tener en cuenta a las personas, utilizar los datos sirve para visibilizar la magnitud de las dificultades y las discriminaciones. Además, la estadística, en materia de discriminación por sexo-género, tiene valor probatorio. Así que vamos a los datos, con el ejemplo más reciente. El Ministerio de Empleo señala que en enero de 2015, el desempleo masculino se sitúa en 2.137.837 al subir 25.329 (1,20%) y el femenino en 2.387.854, al incrementarse en 52.651 (2,25%) en relación al mes de diciembre. El desempleo de las mujeres crece el doble. Probada la pauta nº 1.
El Ministerio de Empleo también señala que si lo comparamos con enero de 2014, el paro masculino baja en 199.573 (-8,54%) personas y el femenino se reduce en 89.171 (-3,60%). En descenso del desempleo, las mujeres la mitad. Probada la pauta nº 2.
Desde el 21 de diciembre de 2011 en que tomó posesión, Rajoy ha dispuesto de mil quinientos días para cumplir el mandato constitucional de promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. En este período, el desempleo, y el de las mujeres en particular, no ha hecho más que aumentar. Veamos los datos. En ese mes, el ministerio informó de 2.212.621 desempleadas registradas. Hasta hoy, el paro registrado femenino ha aumentado en 175.233 mujeres más.
En porcentajes, en diciembre de 2011, el paro femenino suponía el 50% del paro total; hoy, supone el 52,8%. Porcentaje que sube al 53% cuando hablamos del paro total de 25 años y más, edades en las que se concentra el 92,3% del paro registrado femenino.
En las antípodas de lo contemplado y mandatado por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, una ley recurrida en su momento por el PP. Eso, por hablar sólo de acceso al empleo. Que sabemos, y está sustentado estadísticamente, que la entrada al empleo de las mujeres presenta otros obstáculos: segregación horizontal (sectores feminizados, algunos especialmente precarizados y discriminatorios como el Empleo del Hogar), temporalidad, reducción al tiempo parcial, discriminación salarial…
No puede pasarse por alto tampoco la caída histórica en protección por desempleo. De las paradas registradas, menos de la mitad cobran alguna prestación. Según un informe del gabinete económico de CCOO, en noviembre de 2014 “la tasa de protección de las mujeres, del 44,4%, refleja la mayor desprotección frente al desempleo que los hombres, con una tasa de protección del 55,6%. A esto se añade una diferencia de 133 euros mensuales menos en la cuantía media de la prestación contributiva que reciben las mujeres”, a la vez que constatan una caída en la tasa de cobertura del 27% desde noviembre de 2010.
De las desempleadas que están inscritas en el paro, menos de la mitad cobran prestaciones, apenas 1.052.100 mientras 1.338.500 desempleadas están en situación de desprotección. Hay más paradas, 300.000 más que en 2010, y más paradas sin cobertura de prestación, 600.000 más que en 2010. Desde 2010 la tasa de protección ha perdido más de 18 puntos, una caída del 30 % en estos cuatro años. En 2014 la tasa de protección de las desempleadas ya es de tan solo el 44%: 56 de cada 100 mujeres en paro quedan fuera de la protección por desempleo. Y no sólo hay menos mujeres desempleadas con prestaciones, también la calidad de la prestación ha caído. En 2008, 58 de cada 100 paradas con protección recibía una prestación contributiva; en noviembre de 2014 ya solo son 44.
Situación que ha ido a peor, según el análisis del gabinete económico de CCOO sobre los datos de paro de enero de 2015: “la enorme duración de la crisis, el fracaso de las políticas de empleo, la reforma laboral y el recorte en las prestaciones por desempleo impuestas por el Gobierno están causando un gravísimo deterioro en la protección a los desempleados que afecta tanto a la cantidad como a la calidad: cada vez son menos las personas desempleadas que cobran prestaciones y cada mes que pasa la prestación es más baja. Con los datos publicados por el SEPE, la tasa de cobertura ya es de solo el 57, 6% con un descenso del 6 % en comparación con el año anterior y el 27,2 % en relación a su valor máximo alcanzado en 2010, cuando llegó al 79,1 %”. El informe del gabinete no deja lugar a dudas: “Desde que el PP llegó al gobierno ha empeorado gravemente la protección a las personas en desempleo: la tasa de cobertura se redujo el 18 %, el número de parados con prestaciones cayó el 8 %, la cuantía del gasto medio por beneficiario es un 11 % inferior y los recursos destinados a la protección se han reducido el 26 %. En enero de 2015, las prestaciones contributivas, las de más calidad, ya solo representan el 43 % del total frente al 47 % de 2014 y el 50 % de 2011.
Quedan unos trescientos días para acabar la legislatura. Aún hay tiempo para que ésta no sea una legislatura perdida en avances en igualdad entre mujeres y hombres, al menos en el ámbito laboral. El Plan Especial es una oportunidad importantísima que no puede desaprovecharse. Porque, según el Ministerio de Empleo, en enero de 2015 hay 3.128.136 mujeres demandantes de empleo, de las que figuran como paradas registradas 2.387.854. Decenas de millones de ojos les vigilan, a quienes no se puede, no se debe, decepcionar.
Desde CCOO exigimos que un Plan Especial de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral que no sea un brindis al sol, pletórico de declaraciones de intenciones, sin medidas eficaces para combatir las brechas de género. Un Plan Especial que debe hacerse con los agentes sociales. Porque el consenso en su elaboración y puesta en marcha implica garantía en los resultados. También demandamos una renta mínima de inserción que proteja de la pobreza yd e la exclusión y avanzar con un plan de crecimiento que implique empleo de calidad y fortalecimientos de los servicios públicos.