Contra la criminalización indecente y regresiva, de la lucha obrera y la protesta social a través de la legislación penal


CCOO Servicios. - En el día de ayer se celebró la Asamblea de delegados y delegadas de los sectores del comercio y la hostelería de la provincia de Málaga, con la asistencia de más de 200 representantes sindicales, que han analizado temas relacionados con sus sectores. En la reunión también se ha informado que el próximo día 3 de Febrero, a las 11 de la mañana, se celebra juicio en el Juzgado de lo Penal no 4, en la Ciudad de la Justicia de Málaga, contra la compañera Lola Villalba, Secretaria General del Sindicato Provincial de Servicios y contra Gonzalo Fuentes, adjunto a la Secretaría General de la Federación de Andalucía y Secretario de Política Institucional de la Federación Estatal de Servicios.

En la Asamblea se han tratado temas como el formidable balance turístico 2014 que ha tenido nuestra provincia, así como la revisión salarial del 1% para los trabajadores de la hostelería para el año 2015, producto de la firma del Convenio Provincial de Hostelería, que se negoció el año pasado. También se habló e informó sobre la próxima constitución de la Mesa Negociadora del Convenio para el sector del Comercio.
Además, los asistentes han mostrado su apoyo y solidaridad a los compañeros, dirigentes de CCOO de Hostelería, con décadas de implicación y trabajo en la defensa de los derechos de la gente y de la lucha por las libertades en nuestra tierra, y que han sido imputados por el simple hecho de que, aún actuando siempre desde la corrección de las formas, son conocidos y visibles porque no se esconden. Por ello, estaremos el 3 de febrero junto a Lola y Gonzalo y, por ello, hacemos un llamamiento para que se acuda a la convocatoria de este juicio en apoyo a dos personas que han sido elegidas como víctimas propicias en esta ocasión, pero que forman parte de una lotería que le puede tocar a cualquiera de quienes vivimos de nuestro trabajo y queremos defender nuestros derechos.
Los delegados y delegadas reunidos en asamblea, manifiesta al respecto, que el “hecho delictivo” que se les imputa es única y exclusivamente su participación, junto a cientos de compañeros y compañeras, en un piquete en la Huelga General del 14 de Noviembre de 2012. Un hecho por el que, en este juicio, se piden 3 años y 6 meses de cárcel para Lola y 3 años y 6 meses de cárcel para Gonzalo, lo que equivale a que pidiesen 3 años y medio 
de cárcel para todos y cada uno de nosotros y nosotras, y para los miles de trabajadores y trabajadoras que participaron en las huelgas convocadas en toda España para protestar contra las reformas laborales del Gobierno que, como se denunciaba en las movilizaciones y el tiempo ha demostrado, lo que perseguían era abaratar salarios, precarizar el empleo y eliminar derechos sociales y laborales, reformas que solo han servido para cumplir “instrucciones externas” y en beneficio de las grandes corporaciones y sus cúpulas. 
Lo que pasó en la madrugada del 14 de Noviembre en el centro de la capital malagueña, lo mismo que ocurrió en todas las ciudades y pueblos de España, fue concentrarse en la Plaza de la Marina de la capital malagueña, unas 300 personas con el objetivo de informar, de requerir a otros trabajadores la adhesión a la huelga y a participar, dentro de un marco legal. En ese sentido la intervención de los dos responsables sindicales fue de informar, de manera correcta y educada, a los encargados de los diversos establecimientos. Apenas hizo falta porque la inmensa mayoría estaban cerrados por motivo de la huelga legal. De lo pocos locales abiertos, uno de ellos era un local de hostelería que se denomina ZZPUB, donde el propio encargado del establecimiento manifestó que nada más que concluyeran la música en directo que se tocaba en el referido local iba a cerrar, a partir de ahí nos marchamos. Posteriormente, nos llamaron por teléfono móvil y nos manifestaron que en la puerta de ZZPUB había habido un altercado, en ese sentido nos personamos, el local estaba cerrado y dentro había una persona detenida, tras una conversación con los responsables de la policía, al detenido se lo llevaron a comisaría y las personas que formamos parte del piquete informativo nos marchamos. Lógicamente, al día siguiente salimos fotografiados en los medios de comunicación, por ello aparecemos citados en 
proceso judicial, por la denuncia de un trabajador de ZZPUB que nos reconoció por la foto que apareció en los medios.
Estamos asistiendo a una criminalización indecente y regresiva de la lucha obrera y la protesta social, a través de la reforma que ha iniciado el Gobierno apresurando la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal. Ambas reformas incorporan nuevas restricciones al ejercicio de derechos democráticos y libertades civiles y dan continuidad a la ofensiva contra el derecho de huelga que han llevado a encausar a trabajadores y representantes 
sindicales por la defensa colectiva de nuestras reivindicaciones.
 El régimen cada vez se parece más a una dictadura franquista que a una democracia social avanzada, y actúa justamente contra quienes defienden la soberanía de este pueblo y de este país, frente al poder del capital y de la Troika. Se persigue y criminaliza a quienes defienden los derechos y libertades conquistados en la Transición a través de una lucha que, si entonces fue justa, ahora lo es aún más. Y se hace desde la indecencia de pretender privar de libertad a quienes simplemente ejercen su derecho de manifestación y huelga, en un país en el que 
muy pocos de los responsables del latrocinio cometido han pagado por ello. Es una paradoja repugnante que haya 300 personas con petición de cárcel por el ejercicio del derecho de huelga en un país en el que no pocos grandes banqueros, dirigentes empresariales y otros actores disfrutan no solo de su libertad sino de las ganancias obtenidas por medios, como poco, dudosamente éticos.


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