¿Tienen sentido unas cajas tan grandes?
Dos eventos recientes deberían servir para abrir un debate que siempre se evita en España. Por un lado, la polémica sobre la reciente campaña publicitaria de las cajas de ahorros. Por otro lado, las penurias de EADS, el fabricante de Airbus, de nuevo en crisis debido, entre otras cosas, a las injerencias políticas en su gestión.
El debate al que me refiero, y que siempre se evita, es el siguiente: ¿tiene sentido que la mitad de los depósitos del sistema financiero español estén en manos de las cajas de ahorros, cuya estructura de gobierno parece no primar la maximización del beneficio? ¿Tiene sentido que varias de estas entidades, cuyo consejo de gobierno está dictaminado por el equilibrio de fuerzas políticas de la comunidad autónoma en la que residen, sean accionistas mayoritarios de algunas de las principales empresas españolas, abriendo la puerta a la injerencia política en el gobierno de las mismas?
El FMI dedica una parte de su reciente informe sobre la economía española a las cajas de ahorros y, tras alabar su papel fundamental en el desarrollo económico español de las últimas décadas, aconseja que se reduzca la representación política en los consejos de administración de las cajas y que se eliminen las restricciones a las fusiones interregionales. La Comisión Europea también se ha lamentado recientemente de la creciente influencia de las cajas españolas en la economía. La intervención en la economía española de las autoridades locales y regionales es amplia, sobre todo si se contabiliza la intervención indirecta a través del control de las cajas de ahorros y de su cartera de participaciones industriales.
En ningún otro país desarrollado se da la circunstancia de que la mitad de los depósitos del sistema bancario estén en manos de instituciones con un sistema de gobierno tan poco transparente, y donde la sospecha de injerencia política es tan alta. En los otros países europeos donde las cajas representaban un papel importante (Italia, Francia e Inglaterra), la estructura de propiedad de las cajas se ha liberalizado -en Italia e Inglaterra se privatizaron y en Francia se está avanzando hacia la mutualización como paso previo a su privatización-. Alemania es el único país con un sector importante de cajas de ahorros, pero su tamaño e influencia es mucho menor que en España.
La estructura actual de las cajas representa un impedimento a la integración eficiente del sistema financiero español, ya que impide de facto la entrada de bancos extranjeros -dado el altísimo coste de crear una red comercial ex novo, la estrategia típica de entrada en un mercado extranjero es la compra de una institución doméstica, como están haciendo los bancos españoles en EE UU; algo casi imposible en España ya que las cajas no están a la venta- y la fusión entre bancos y cajas en condiciones de igualdad. Las cajas son eficientes y rentables, y facilitan el acceso al crédito a los sectores menos favorecidos, pero su tamaño e importancia es incompatible con su exención de las leyes básicas de control del mercado. El ejemplo de la Ley Amato en Italia, donde las cajas se constituyeron en fundaciones que a su vez eran socios mayoritarios de sociedades anónimas propietarias del negocio bancario, sería un camino a seguir. Esto eliminaría muchas de las restricciones actuales sin forzar a las cajas en una dirección u otra.
La experiencia europea demuestra que la creación de campeones nacionales, sobre todo bajo control político, es poco aconsejable. La creación de campeones regionales no puede ser mucho mejor, y además fomenta la concentración geográfica del riesgo inmobiliario. Los intereses a favor del mantenimiento del statu quo son formidables -¿qué gobierno regional querría desprenderse de una fuente de poder tan importante?- y por ello el debate es cada día más necesario. El desarrollo regional y la atención a los más necesitados son importantes, pero no justifican el tamaño e influencia actual de las cajas, y se deben realizar a través de mecanismos más transparentes, como los presupuestos regionales o las fundaciones.
El País