El Gobierno quiere ampliar los años de cotización obligatoria para la pensión

En la próxima reforma de las pensiones, el Gobierno planteará a
patronal y sindicatos la necesidad de aumentar el esfuerzo de
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores, de modo que haya
“mayor correspondencia entre aportaciones y prestaciones para
determinar la pensión de jubilación”. Así se recoge en el Programa
Nacional de Reformas, que el Consejo de Ministros aprobó ayer, y a cuyo
texto íntegro ha tenido acceso EXPANSIÓN. El documento será enviado
mañana sábado a la Comisión Europea.

Básicamente,
la propuesta significa dos cosas: en primer lugar, la necesidad de
ampliar el periodo obligatorio de cotización a la Seguridad Social que,
actualmente, está en quince años. El Gobierno sostiene la necesidad de
aumentar este periodo paulatinamente, aunque UGT se opone rotundamente.
De hecho, en el último Congreso de la central, el pasado junio, el
presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario general del
sindicato expresaron públicamente sus diferencias al respecto.

En
segundo lugar, con su propuesta sobre la equiparación entre el
esfuerzo contributivo y la pensión que reciba después, el Gobierno
quiere decir que es posible que se tengan que aumentar las bases de
cotización. Es decir, la parte del salario por la que cotiza el
trabajador a la Seguridad Social.

En el terreno de las
pensiones, el Gobierno también se propone plantear a los agentes
sociales la reforma de las prestaciones por viudedad, “reforzando su
carácter sustitutivo de rentas perdidas y limitando su percepción en el
supuesto de existencia de otros ingresos elevados”. Es decir,
aumentándola para las personas que enviuden y queden en una situación
económica difícil tras perder a su cónyuge, y limitando su crecimiento
para aquellas que tengan otros ingresos alternativos, ya sea por rentas
del trabajo o patrimoniales.

En la misma línea, y casi por las
mismas razones, el Gobierno se propone “implantar una marco de nuevas
limitaciones en el reconocimiento de las pensiones mínimas”. También
quiere que la pensión de incapacidad permanente tenga más en cuenta los
años cotizados por el trabajador afectado para mejorar su contribución
al sistema.

Otra de las grandes novedades que aporta el
Programa Nacional de Reformas es el anuncio de modificaciones en las
políticas del Instituto Oficial de Crédito (ICO) para apoyar a las
pequeñas y medianas empresas. Así, el Gobierno se propone ampliar la
linea de crédito que el ICO concede a las pymes para financiar
proyectos de hasta 1,5 millones de euros, que ahora tiene una dotación
anual de 3.000 millones de euros.

Además, y dentro del Plan de
Fomento Empresarial, el Instituto creará una línea específica para
compañías medianas, con el fin de financiar proyectos comprendidos
entre 1,5 y 4 millones de euros. Los préstamos tendrán unas condiciones
muy favorables para las empresas, “especialmente de plazos y carencia”.

El ICO también mejorará su política de apoyo exterior a las
pymes, así como la línea de microcréditos, con préstamos de hasta
25.000 euros. En este caso, con el apoyo de las cajas de ahorros.

Autonomías

El
documento, elaborado por la Oficina Económica de la Presidencia, recoge
el compromiso de que el dinero del que dispongan las comunidades
autónomas “esté más ligado a la evolución de la población”. Esta es
precisamente una de las mayores reivindicaciones autonómicas ante el
Gobierno central. Hay que tener en cuenta que el 75% de las
transferencias por sanidad responden al criterio de población.

En
esta línea, el Ejecutivo asegura también a Bruselas que se propone
seguir tomando medidas para “reducir la dispersión en la financiación
por habitante” entre las comunidades autónomas. En el documento, el
Ejecutivo recalca la potestad que ya tienen las comunidades autónomas
para subir el impuestos en la gasolina y la electricidad.

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