Más allá de la valla

Ante las muertes de Ceuta y Melilla debemos exigir un total respeto a los derechos de los inmigrantes

Las noticias sobre los intentos de amplios
grupos de inmigrantes por rebasar los perímetros fronterizos de Ceuta y
Melilla nos sobresaltan casi a diario, irrumpen en nuestras vidas a
través de las imágenes sobrecogedoras de los medios de comunicación. La
desesperación de los parias de la Tierra del siglo XXI estremece
nuestras conciencias y significa un auténtico desafío para la Europa
que se considera paradigma democrático y baluarte de los derechos
humanos.

Las causas de los continuos intentos de los inmigrantes,
principalmente subsaharianos, de acceder a las ciudades autónomas
españolas del norte de África no residen en el supuesto efecto llamada
del último proceso de regularización, del que hablan con insistencia
cansina los sectores conservadores. Dichas causas debiéramos buscarlas,
más bien, en el último Informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas,
que nos revela que en el África subsahariana 100 millones de personas
más que en 1990 viven hoy en condiciones de extrema pobreza.

Otra
explicación más próxima es el creciente hostigamiento del régimen
marroquí hacia estas personas, que se hacinan en desvencijados
campamentos próximos a Ceuta y Melilla, sin comida, agua, ni
medicamentos, tal y como denuncia desde principios de este año SOS
Racisme y como analiza la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) en su Informe 2005 sobre la situación de los refugiados en España.


Incluso en los últimos días, CEAR ha confirmado que las autoridades
marroquís han expulsado a Argelia al menos a 40 subsaharianos que
habían solicitado el estatuto de refugiado y que estaban bajo la
protección temporal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados, en una actuación expresamente prohibida por la Convención
de Ginebra de 1951 sobre los refugiados.

Al otro lado de la
frontera, la decisión del Gobierno español de doblar la altura de la
valla de Melilla a seis metros será probablemente ineficaz, dado que en
Ceuta ya alcanza esa medida y, sin embargo, en la madrugada de ayer se
produjo el masivo intento de entrada de inmigrantes que se saldó con al
menos 5 personas muertas y más de 100 heridas. Tampoco parece lo más
adecuado recurrir al despliegue masivo del Ejército, puesto que no se
trata de controlar fronteras amenazadas por potencias extranjeras, sino
de impedir a personas desesperadas, que huyen de la miseria y en muchos
casos de violaciones a los derechos humanos, que accedan al territorio
español.



POR SU PARTE, los presidentes de estas ciudades
autónomas han solicitado la modificación de la ley de extranjería para
que se pueda proceder a la devolución automática de los inmigrantes que
entran de manera irregular en Ceuta y Melilla. Esto implicaría la
anulación de todos los derechos que el Convenio Europeo de Derechos
Humanos y la Constitución reconocen a cualquier persona que está en
territorio de la Unión Europea y de España, respectivamente, también a
los inmigrantes que han llegado sin cumplir los requisitos exigidos.


Nuestro país no puede eliminar de su legislación sobre extranjería los
procedimientos de devolución y de expulsión para las personas que hayan
entrado de manera irregular en su territorio, no podemos despojarles de
derechos esenciales como el debido proceso o la asistencia letrada. Al
contrario, en un comunicado conjunto difundido el pasado 6 de
septiembre, Amnistía Internacional (AI) y CEAR exhortaron al Gobierno a
que España se adhiera al Protocolo 4, que prohíbe la expulsión
colectiva de los ciudadanos extranjeros, y al Protocolo 7, que
establece garantías de debido proceso en los casos de expulsión, del
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Las migraciones son un
fenómeno inherente a la difícil situación política y social que padecen
muchas zonas del mundo, entre ellas África, y el aumento de las medidas
policiales que los gobiernos europeos están proponiendo y ejecutando,
hasta convertir a nuestro continente en una fortaleza, no las pondrá
fin. Unas medidas que, por otra parte, sí pueden hacer aumentar el
drama de las muertes y lesiones de personas que son ante todo víctimas
de la injusticia.

Ante las últimas muertes en nuestra frontera de
Ceuta, que se suman a las ya ocurridas en la valla de Melilla en las
últimas semanas, debemos exigir una vez más un escrupuloso respeto de
los derechos de unos inmigrantes que sólo persiguen una vida mejor y,
en muchos casos, una protección internacional.



LAS MEDIDAS más
apropiadas para limitar la inmigración residen, pues, en fomentar el
desarrollo económico, social, educativo y cultural de los países
empobrecidos, para reducir de manera muy sustancial la brecha inmoral
que hoy separa a la inmensa mayoría de la humanidad de nuestras
sociedades acomodadas. Para ello es necesario huir de la retórica vacía
de las grandes cumbres internacionales y concretar programas de
cooperación y, en lugar de los programas de ajuste neoliberales
impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
apostar por políticas que promuevan el desarrollo de la educación y la
sanidad, así como la garantía de los derechos sociales y la cancelación
de la deuda externa.

En los últimos años millones de personas se
han movilizado en la Unión Europea para socorrer a las víctimas de
desastres naturales como el tsunami de Asia o el huracán Mitch.
Cuando las víctimas de los desastres causados por el ser humano llegan
a nuestras fronteras, debemos acogerles también con la mayor
generosidad posible y, sobre todo, procurar que en un futuro lo más
cercano posible sus compatriotas puedan vivir con dignidad en sus
países.