Las pensiones no pueden esperar

Es mensaje común de los técnicos que las reformas dramáticas que proponen se ejecuten en tiempos de paz y bonanza económica, porque el margen de maniobra es más holgado.

Pero los políticos echan siempre en saco roto el consejo, disfrutan del buen clima y dejan las recetas de ricino para los tiempos de crisis, tanto por natural inclinación a la comodidad como por ser conocedores de que los administrados encajan mejor así los golpes.

Ahora ha llegado el momento de la Seguridad Social. De las recomendaciones de los técnicos, porque la hora de los políticos y las reformas reales está seguramente lejana. Es, no obstante, de apreciar que el propio Ministerio de Trabajo haya alertado de la necesidad de cambios ahora para evitar drásticas reformas en el medio plazo. Junto al diagnóstico financiero presentado, que divisa los números rojos para el año 2015, ha señalado una serie de campos en los que hay que actuar para corregir la ascendente deriva del gasto.

Las viudas, los autónomos, los prejubilados, etc., son colectivos que están en el punto de mira del reformador, porque, sin generalizar, han llevado ventaja en los últimos años en el sistema de protección, puesto que se han beneficiado de recursos que bien se podrían haber ahorrado sin atentar contra la solidaridad del sistema, además de haber reforzado su carácter contributivo. Con buen criterio el Gobierno plantea correcciones que no pueden esperar, por políticamente escandalosas que parezcan.

Las viudas, por ejemplo, gozan de un régimen de pensiones de supervivencia propio del franquismo, creado en una época en que las mujeres tenían prohibido trabajar, divorciarse y hasta administrar sus propios bienes. Los autónomos, cada vez más numerosos en el sistema, hacen carreras profesionales largas, pero de mínimas aportaciones, y estiran sus cotizaciones, cuando se lo permiten, en los últimos años de vida activa para cebar su prestación de retiro. Es el mejor ejemplo, corregido ya en parte, de compra de la pensión.

Pero sin duda el colectivo que más daño hace al sistema es el de los prejubilados, una institución no reconocida legalmente pero en la que habitan centenares de miles de personas por voluntad propia o empujados por sus empresas para aliviar sus problemas de plantilla. Para hacerse una idea del daño financiero que hace la prejubilación baste señalar que retrasar un año la edad de jubilación proporciona a la Seguridad Social un respiro financiero de casi 6.000 millones de euros (un año más cotizando y uno menos cobrando).

No es, por tanto, descartable elevar la jubilación, como ya han hecho algunos países recientemente, y como demuestra cualquier análisis actuarial medianamente riguroso. Pero lo primero que hay que corregir normativamente es el recurso abusivo a la prejubilación, utilizado a mansalva en los convenios por conveniencia de trabajadores y empresas. Y a renglón seguido poner la lupa y el bisturí en la incapacidad laboral retribuida, la vía previa que enlaza despido con prejubilación, y que ya corre a cargo de la Seguridad Social, y le provoca las primeras goteras financieras. Un solo botón de muestra: el gasto en incapacidad ha crecido en los tres últimos años por encima del 15%.

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