El Gobierno prepara una reforma de las pensiones para evitar su quiebra
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, cree que es fundamental afrontar una reformadel sistema de pensionespara garantizar su viabilidad más allá del 2015, año en que empezará a haber números rojos. Con este fin se han iniciado los contactos con los agentes sociales, pero Cándido Méndez no da su brazo a torcer.
MARIANO GUINDAL - 25/07/2005
MADRID
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha advertido a los agentes sociales que es fundamental afrontar una reforma del actual sistema de pensiones para garantizar la viabilidad del sistema más allá del 2015. En ese año desaparecerá el actual superávit de la Seguridad Social y el sistema empezará a dar pérdidas. Éstas al principio serán relativamente moderadas, en torno a 625 millones de euros, que serán absorbidos por el actual fondo de reserva. Sin embargo, en el 2020 la Seguridad Social pagará 18.000 millones de euros en pensiones más de lo que recauda. Esto significa que el sistema entraría en quiebra técnica.
Para el 2005, la Seguridad Social tiene previsto tener un superávit de unos 6.300 millones de euros, si bien el proceso de regularización de emigrantes podría situarlo por encima de los 10.000 millones, algo más de un punto del PIB.
Octavio Paz ha advertido en varias ocasiones que este superávit obedece a razones coyunturales. En primer lugar, por los efectos demográficos.
El hecho de que en la Guerra Civil se produjeran un millón de muertos ha reducido drásticamente en la misma cantidad el número de pensionistas que se incorporan al sistema. Por el contrario, se ha incrementado fuertemente el número de cotizantes a causa del llamado baby boom que se registró en España en los años sesenta. Este efecto demográfico, en opinión de Octavio Granado, empezará a desaparecer a partir del 2008.
El segundos factor que ha influido es el fuerte incremento del empleo y la población activa por la intensa incorporación de la mujer al mercado laboral. En tercer lugar, el proceso de regularización de emigrantes, que ha hecho que el número de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social a final de año superen los dos millones. Estos fuertes ingresos han proporcionado en los últimos años un superávit que ha permitido crear un fondo de reserva con 26.651 millones de euros.
En el informe del Ministerio de Trabajo Estrategia de España en relación con el futuro de las pensiones,se reconoce que el actual superávit de la Seguridad Social se irá diluyendo en los próximos años hasta convertirse en un déficit de 3.000 millones en el año 2020. En comparación con el informe que hizo el PP en el 2002, se ganan dos años de estabilidad. Eso es posible por la utilización del fondo de reserva, que se eleva a 26.651 millones de euros.
Concretamente, este informe reconoce que sólo hasta el año 2014 se seguirá produciendo un superávit, aunque ya muy ligero. Será en el 2015 cuando aparecerá el primer déficit, de unos 625 millones (el 0,04% del PIB). Ese mismo año se empezaría a utilizar el fondo de reserva, lo que permitiría absorber los resultados negativos hasta el 2020. Por tanto, sería a partir del 2021 cuando se produciría un desequilibrio del sistema que alcanzaría los 18.000 millones de euros y que de no corregirse pondría en entredicho el sistema de pensiones públicas.
Estas proyecciones se han realizado en el caso de que no se produzca ningún cambio legal y se cumpla el compromiso de aumentar las pensiones mínimas asumido por el Gobierno (un 26% a lo largo de la legislatura). Para evitarlo, se han iniciado las negociaciones con los agentes sociales para reformar el sistema.
El principal problema ha surgido con UGT, cuyo dirigente, Cándido Méndez, no acepta recortes en las futuras pensiones. Por esta razón se opone a que se tome como referencia toda la vida laboral en el cálculo de las futuras prestaciones, con el argumento de que esto las recortaría en un 25%. En su opinión, la solución no está tanto en recortar la cuantía de las pensiones en el futuro, sino en producir un cambio de modelo económico que aumente la productividad y el empleo. También defiende que sea el Estado quien aporte más al sistema de pensiones asumiendo lo antes posible el complemento mínimo de pensiones, que actualmente se eleva a 6.000 millones de euros.
Por el contrario, para el dirigente de CC. OO., José María Fidalgo, si no se amplía el periodo de cálculo de forma que cada trabajador cobre en el futuro en función de su aportación durante toda su vida laboral, el sistema no será viable a medio y largo plazo.
La postura de Fidalgo es compartida por todos los grupos del arco parlamentario, tal como pone de manifiesto el pacto de Toledo.
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