El Gobierno financiará la ley de dependencia con la Seguridad Social
El Gobierno utilizará parte del superávit que tendrá este año la Seguridad Social, en torno a 10.000 millones de euros, para poner en marcha en el 2006 la ley de asistencia a las personas dependientes. Para ello, patronal y sindicatos deben ponerse de acuerdo.
El Gobierno utilizará una parte de los 10.000 millones de euros de superávit que tendrá la Seguridad Social este año para poner en marcha la ley de asistencia a las personas dependientes. La ley implica que el estado se haga responsable económicamente de aquellas personas que dependen de terceros para el desarrollo de su actividad cotidiana. El acuerdo se espera obtener en el proceso de diálogo social que actualmente preparan patronal, sindicatos y gobierno, cuyo objetivo es la reforma del sistema financiero de las pensiones públicas y la reforma laboral para reducir a la mitad la tasa actual de empleo temporal.
La propuesta es compartida por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y los secretarios generales de CC.OO., José María Fidalgo, y de UGT, Cándido Méndez. El presidente de la patronal española, José María Cuevas, la apoya, pero siempre y cuando otra parte del superávit de la Seguridad Social se destine a la rabaja de las cotizaciones del seguro de desempleo a los contratos indefinidos.
Según los informes realizados por los expertos, actualmente el fondo de reserva de la Seguridad Social cuenta con 26.000 millones de euros. Esta cantidad se verá incrementada en las próximas semanas con otros 3.500 millones gracias al superávit obtenido por el sistema público de pensiones durante el 2004. Esta cantidad equivale a cinco meses de nómina en el pago de las pensiones públicas. Por tanto, representa cinco veces más el tope máximo que se habían propuesto los interlocutores sociales y el anterior gobierno del PP cuando se puso en marcha el fondo de reserva. El objetivo inicial de este fondo cuando se decidió su creación fue poner en manos de la Seguridad Social un instrumento financiero que garantizara la liquidez del sistema público de pensiones en un momento crítico. En ningún momento fue concebido como un instrumento capaz de garantizar la viabilidad del sistema de pensiones.
Por ello, el Gobierno, patronal y sindicatos quieren redefinir el fondo de reserva. Sus recursos podrían quedar limitados a 30.000 millones. De hecho, según el secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el volumen de recursos alcanzado plantea graves problemas de gestión, ya que con estos recursos sólo se puede adquirir deuda pública. Como el mercado de renta fija está muy saturado, el Tesoro ha empezado a comprar deuda pública europea, lo que está suponiendo una exportación del ahorro en un momento en que España necesita importar capital exterior para financiar las fuertes inversiones que requiere para completar su desarrollo económico.
En este marco la CEOE ha reclamado que se rebajen las cotizaciones a la Seguridad Social con carácter general para disminuir un superávit que ya no es necesario. Por el contrario, el Gobierno y los sindicatos consideran que por primera vez en mucho tiempo la situación económica permite poner en marcha la llamada cuarta pata del Estado del bienestar -las pensiones, la sanidad y la enseñanza y ahora la asistencia a las pensiones dependientes. De hecho, ésta es una de las principales promesas electorales realizadas por el PSOE.
Actualmente existen en España 2,8 millones de ciudadanos que dependen de otras personas para realizar los actos básicos de la vida diaria, fundamentalmente discapacitadas y personas mayores. De esta cantidad, más de un millón tienen una dependencia severa. El objetivo es que en esta legislatura se cubra con dinero público la atención a estas últimas.
El coste estimado de este proyecto social oscila entre el 0,5 y el 0,9% del PIB. Esto supone entre 5.000 y 8.000 millones de euros anuales. Se barajan tres formas para financiar este nuevo derecho asistencial: la aportación de las propias personas dependientes, las aportaciones del Estado a través de impuestos y el resto, la Seguridad Social con parte de su superávit.