Las empresas vascas pagan hasta un 25% menos impuestos que el resto
El modelo de hacienda autónoma vasca sigue aportando claras ventajas frente al resto de territorios españoles. Las empresas de esta comunidad pagan de media seis puntos menos que sus vecinas por el Impuesto sobre Sociedades.
Ni el modelo fiscal actual garantiza la igualdad entre comunidades autónomas, ni las últimas propuestas lanzadas desde algunas formaciones políticas parecen ir dirigidas a solventar este problema.
Las empresas españolas no pagan igual en todo el territorio nacional. Mientras que el tipo medio real que abonan las empresas por el Impuesto sobre Sociedades en la gran mayoría de las comunidades autónomas se situó en el 30,95% –según los últimos datos oficiales publicados por Hacienda en la memoria de 2001–, el gravamen por este impuesto se sitúa en el 28,8% en el caso de Guipúzcoa y en el 30,08% en el supuesto de las compañías ubicadas en Vizcaya. Los datos de Álava o los de la comunidad navarra se sitúan en esa misma banda, según los expertos consultados por EXPANSIÓN.
Pero si en el tipo medio la diferencia es ya algo sensible, su impacto se deja notar con más dureza en el pago real que realizan las empresas una vez descontadas las deducciones que se pueden aplicar en cada territorio de la geografía española. Así, este salto de desigualdad fiscal se dispara hasta alcanzar diferencias del 25% entre los gravámenes que pagan anualmente unas compañías y otras: mientras que para las comunidades de régimen común –grupo en el que se encuentran todas las autonomías menos el País Vasco y Navarra– el pago real anual de una empresa de tipo medio se situó en el 23,73% de sus beneficios, en el País Vasco osciló entre el 16,70% y el 18,52%.
Deducciones
La fuerte diferencia entre el tipo teórico sin aplicar deducciones, y el pago una vez descontados estos incentivos deja entrever el foco donde se encuentra la diferencia de trato que reciben las empresas dependiendo de dónde esté ubicada su sede.
La situación no refleja el espíritu del pacto firmado en enero de 2000, fecha en la que el Ejecutivo vasco se comprometió ante La Moncloa a retirar las desgravaciones fiscales que generaban una competencia desleal entre las empresas de esta comunidad y las del resto de España. En aquella fecha se selló bajo el sobrenombre de “paz fiscal” un acuerdo para acabar con la deslocalización de empresas que provocaba el régimen vasco y el navarro y que derivaban en graves perjuicios a las comunidades vecinas. A cambio, el Gobierno español decidió retirar sus recursos contra estas ventajas fiscales planteadas hasta ese momento ante la Comisión Europea.
La situación se combina con otros dos datos que terminan de dibujar un panorama difícilmente encuadrable en el de un pretendido modelo autonómico de solidaridad. Así, pese a que el País Vasco y Navarra figuran habitualmente entre las comunidades con mayor riqueza per cápita, no aparecen en la misma posición a la hora de aportar a las arcas del Estado –con destino a ayudar a las regiones más pobres–, especialmente en el caso del País Vasco (ver cuadros adjuntos).
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