Parece que algunas iniciativas sobre compra pública responsable comienzan a contemplar criterios sobre fiscalidad responsable. Ágora nos informa de casos en el ayuntamiento de Barcelona y en gobierno de Aragón (link), aunque se refieren más a criterios contra la evasión que contra la elusión fiscal. La elusión significa pagar pocos impuestos, aunque dentro de la legalidad, y esto es precisamente la causa del gran déficit fiscal mundial. Por esa cuestión insistimos tanto en la idea de la huella fiscal de las empresas, sin la que es difícil evaluar la su responsabilidad social (RSE). Haber avanzado en esto, en vez de perder el tiempo y aumentar el sufrimiento con las inútiles reformas laborales, hubiese supuesto no solo más ingresos para las pensiones, la protección social y evitar los recortes, sino también luchar contra la corrupción, que está  siempre relacionada con los paraísos fiscales  De ahí la importancia de haber avanzado en el Impuesto sobre transacciones financieras (Ver Campaña ITF, ya) (Recomendamos este artículo, que explica muy bien por qué este impuesto aumentaría la transparencia sobre la propiedad real de las empresas y la de los flujos de capitales)