CCOO exige mayor transparencia en las cuentas de la Seguridad Social


CCOO- El aumento de la afiliación registrado en el último año no se ve acompañado por un aumento de los ingresos en la misma proporción, como consecuencia de la precariedad de los nuevos empleos (crecimiento del tiempo parcial y bajos salarios), así como por el efecto de las distintas tarifas planas de cotización que merman sensiblemente los ingresos.
06 de julio de 2015

El Gobierno ha informado de la utilización de 3.750 millones de euros del Fondo de Reserva, pero no ha explicado cómo ha financiado el resto de la nómina extraordinaria de la pensión de julio, si con cargo a la disminución del gasto en prestaciones contributivas por desempleo, con un adelanto de las transferencias que el Estado debe hacer a la Seguridad Social anualmente o a través de la utilización de otros fondos procedentes de los excedentes de la gestión de las Mutuas, sobre los que ha operado recientemente para que estuvieran disponibles, pero no ha hecho público si ya ha dispuesto de ellos.

El pago de la nómina extraordinaria de julio asciende a unos 8.200 millones de euros, a los que además hay que sumar las retenciones en concepto de IRPF que la Seguridad Social debe ingresar a Hacienda. Sin embargo, los ingresos mensuales por cotizaciones sociales no permiten, por mucho, un margen de caja suficiente para financiar este año, como ya ha ocurrido en los anteriores, el importe de la paga. Por ello, los 3.750 millones de euros dispuestos del Fondo de Reserva deberán necesariamente ser completados con otras fuentes adicionales.

Las previsiones oficiales que el propio Gobierno manejaba tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en el más reciente Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 situaba el déficit de la Seguridad Social para todo el 2015 en el 0,6% del PIB, unos 7.000 millones de euros. Una cifra que ya fue discutida tanto por CCOO como otras instancias oficiales como la propia AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) que hace meses situábamos la previsión de déficit más cercana a la que se produjo en 2014 (1,1% PIB).

La causa de ello se encuentra fundamentalmente en el hecho de que el crecimiento económico que el Gobierno se empeña en proyectar públicamente en realidad no está suponiendo un aumento significativo de ingresos por cotizaciones sociales, debido a la precariedad y los bajos salarios del nuevo empleo generado.

El aumento de la afiliación que se ha venido registrando en el último año, 571.400 afiliados (3,42%), no se ve acompañado por un aumento de los ingresos en la misma proporción (0,94% en términos agregados, si bien con comportamiento diverso si atendemos a los distintos regímenes) como consecuencia de la precariedad de estos nuevos empleos (crecimiento del tiempo parcial y bajos salarios), así como por el efecto de las distintas tarifas planas de cotización que merman de manera sensible los ingresos, sin impacto real en el incremento de personas afiliadas, singularmente si nos referimos al Régimen General de la Seguridad Social. De hecho, los propios datos oficiales de la Seguridad Social señalan un incremento de ingresos casi un 9% inferior del inicialmente previsto aún a pesar de la creación de empleo.

Por tanto, lejos de cualquier triunfalismo, estos datos lo que indican es la necesidad de abordar el debate sobre las fuentes de ingresos de la Seguridad Social, para dejar de utilizar las cotizaciones sociales con fines distintos a los derivados del principio de separación de fuentes, de un lado, y garantizar las fuentes de financiación necesarias para garantizar la sostenibilidad del mismo, cuando el deterioro del mercado de trabajo lo dificulta y anticipándonos a las mayores exigencias que debe asumir en las próximas décadas.

Por otra parte, no resulta coherente con el discurso económico del propio Gobierno, que anuncia capacidad económica para bajar impuestos, pero mantiene suspendida hasta 2016 la vigencia del límite de utilización que establece la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, consumiendo con ello más cuantías del mismo de las que se previeron cuando se creó dicho fondo (3% anual del gasto en pensiones y de gestión de las mismas), provocando un irresponsable consumo anticipado del Fondo, al tiempo que se niega a abordar un debate serio y profundo sobre la necesidad de aumentar los ingresos del sistema y mantiene políticas de activación de empleo, que en lugar de estar financiadas con impuestos generales lo hacen con cargo a aumentar el déficit de la Seguridad Social.


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