Reforma de la formación (y III): una oferta sectorial pública y de calidad
La Tierra de los Nadie. Blog Javier López.- Hasta el momento quedó dicho que los recursos de la cuota de formación
para el empleo, que pagamos las empresas y los trabajadores, tienen un
reparto muy desigual y problemas específicos en cada caso. Tanto en la
gestión de los más de 1.000 millones de euros que van a las Comunidades
Autónomas, como en los más de 650 millones que este año se bonifican las
empresas directamente.
23 de marzo de 2015
Tras realizar estos repartos, quedan poco más de 200 millones de
euros de la cuota, de los cuales unos 30 se destinan a las tareas
administrativas y de gestión que realiza la Fundación Tripartita de
Formación para el Empleo ( en adelante FTFE). Esto supone poco más del
1´5% de los recursos de la cuota. Quien se permite hablar descaradamente
de despilfarro y derroche de la FTFE, debería explicar cuánto costaría
externalizar esta gestión de cuantiosos recursos que van a las empresas,
a las Comunidades Autónomas, o son gestionados directamente por el
Estado y entregarla al negocio privado.
Otros 180 millones, es decir menos del 10% de los recursos de la
cuota, se los reserva el Estado para realizar una oferta formativa al
servicio de los trabajadores y trabajadoras empleados en los diferentes
sectores productivos de la economía española y para atender problemas
de formación general e intersectorial para trabajadores y trabajadoras
con baja cualificación, acceso a nuevas tecnologías, trabajadores
autónomos, economía social, idiomas.
Se da el curioso caso de que los empleados públicos ingresan unos 400
millones en las arcas de la Seguridad Social, en concepto de cuota,
pero reciben menos de 60 para su formación. Una formación ajustada a
necesidades, pese a los escasos recursos, bien gestionada, pero que
ahora el Gobierno quiere entregar “al mercado” de las grandes
consultoras y centros de formación.
No se encuentran aquí, en la formación gestionada directamente por la
FTFE, los escándalos de la formación. Pero sin embargo es aquí, donde
el Estado quiere escenificar la solución mágica de la “libre
concurrencia competitiva”, expulsando a los sindicatos y a los
empresarios, no ya de la ejecución de formación, sino del gobierno de
unos recursos que ellos depositan en manos de la Seguridad Social y cuya
gestión debe ser realizada con su participación, tal como reconoce el
Tribunal Constitucional en numerosas sentencias.
La denominada libre concurrencia, en el caso de la prestación de un
servicio público, constitucionalmente reconocido como derecho de las
personas a su formación profesional a lo largo de toda la vida, no puede
convertirse en dogma, so pena de que lo que encubra sea una
mercantilización y conversión en negocio de lo que es un derecho.
La libre concurrencia se ha ido extendiendo progresivamente, desde la
llegada del PP al poder, hasta alcanzar a una parte importante de la
formación profesional programada por el Estado. De hecho, la última
convocatoria de subvenciones estatales para formación la incorpora, al
menos, en un 50% de los programas subvencionados. Un primer efecto, por
poner un ejemplo, ha sido que se han perdido casi 5 millones de euros,
porque no se han presentado suficientes centros a la convocatoria de
garantía juvenil.
Una segunda lectura, más detenida, apunta que la denominada “libre
concurrencia” produce monopolios, hasta el punto de que 17 solicitantes
han acaparado más del 40% del presupuesto destinado a centros en las
iniciativas de oferta y de jóvenes. En cuanto a las líneas de formación
en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), la famosa
concurrencia se limita a los centros homologados por las multinacionales
de la informática, como Microsoft u Oracle.
Así las cosas, la “libre concurrencia” puede traducirse en una
limitación de acceso real de muchos centros a la formación, dejando
desasistidas aquellas líneas de formación menos rentables económicamente
para los centros, pero no por ello menos necesarias para los
trabajadores. Otra cosa sería extender la necesidad, tal como se plantea
en el ámbito europeo, de presentar diversas ofertas y seleccionar la
mejor, en función no solo de costes, sino de calidad.
El modelo según el cual la Administración decide las necesidades
formativas prioritarias y luego selecciona los centros que ejecutan
formación, sin participación de los agentes económicos y sociales,
termina produciendo lobbys que se reparten el mercado y concentran la
concesión de ayudas en unos pocos solicitantes. Supone confundir la
buena gestión de los recursos con el gobierno del reparto de los mismos.
Conllevaría, de seguir delante de forma indiscriminada, aumentar los
riesgos y crear clientelismos inaceptables.
No podemos abordar una reforma de la formación para el empleo desde
la lógica exclusiva de incrementar el control y la exigencia de calidad,
a base de establecer una mayor burocracia, que termina impidiendo la
ejecución de la formación.
Empresarios y sindicatos hemos planteado abiertamente que una cosa es
el gobierno del sistema de formación para el empleo y otra la ejecución
de los planes concretos de formación. Deben ser centros acreditados y
registrados, con suficientes garantía de calidad, los que impartan la
formación. Y entre estos centros no se puede excluir como ocurre
actualmente, sino que muy al contrario, se debe incentivar, la presencia
de los centros públicos (Universidades, Centros de FP, Centros de
Educación de Personas Adultas).
Pero esa lógica debe corresponderse con un papel reconocido de
participación real de los empresarios y sindicatos, junto a las
Administraciones Central y Autonómica, en la gestión y Gobierno del
Sistema de Formación para el Empleo. En todos sus aspectos. Desde la
detección de necesidades hasta la evaluación, pasando por la
programación, aprobación de planes, control y seguimiento de los planes,
información y orientación de las empresas y los sectores.
El sistema de Formación para el Empleo tiene mucho que mejorar, pero
también tiene muchos logros adquiridos. Millones de trabajadores y
trabajadoras, ocupados o desempleados, se forman en cursos que se
organizan con recursos procedentes de la cuota que ellos mismos y las
empresas pagan a la Seguridad Social.
Merece la pena mejorar el sistema, corregir ineficacias e
ineficiencias, adaptarlo a nuevas realidades económicas, productivas,
personales. Merece la pena perseguir a los corruptos que se hayan
instalado en el sistema, aprovechando resquicios que hay que taponar.
Merece la pena introducir reformas.
Pero las reformas, en un sistema democrático, deben ser reformas
acordadas por los actores legítimos: Las Administraciones, junto a las
organizaciones empresariales y sindicales. Merece más la pena abordar la
reforma de la formación como un asunto de Estado que hay que definir
para muchos años, que como una reforma partidista, parcial y partidaria,
de cortos vuelos.
Las reformas en la formación siempre han venido precedidas de
acuerdos bipartitos (empresarios y sindicatos) que posteriormente se
convertían en tripartitos (con presencia de la Administración). Avanzar
por el camino de legislar sin acuerdo, empieza a ser más que un
precedente, una práctica habitual de nuestros actuales gobernantes.
Francisco Javier López Martín
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