Reforma de la formación (II): un asunto de empresa
La Tierra de los Nadie. Blog Javier López.- Quedó dicho, en el primer artículo sobre la Reforma del Sistema de
Formación para el Empleo, que las Comunidades Autónomas reciben más de
1000 millones de euros, de los casi 1900 de la cuota de formación que
empresas y trabajadores depositamos anualmente en la Seguridad Social.
20 de marzo de 2015
El segundo gran bloque de recursos lo constituye la formación
directamente ejecutada por las empresas, por el sistema de bonificarse
la totalidad, o parte, de la cuota, que han pagado.
El 77% de las ayudas para la formación gestionadas por el Estado, va
directamente a las empresas. Más a las grandes que a las pequeñas. Así,
mientras el 93% de las grandes empresas se bonifican la cuota de
formación y programan actividades formativas, sólo el 23% de las
pequeñas lo hace.
Además, el empresario tiene en sus manos todo el poder legal para
decidir sobre la formación que va a impartir, sin necesidad de negociar
con sus trabajadores, con la salvedad de que tiene la obligación de
informar a la Representación Legal de los Trabajadores.
Otro de los problemas es que vivimos en un país de pequeñas empresas y
microempresas, que no pueden por su tamaño organizar la formación que
necesitan. Un campo en el que miles de consultoras, gestorías, centros
de formación, asesorías, se dedican a captar alumnos para bonificar la
formación de sus empresas, realizando una oferta formativa genérica,
demasiado transversal y poco útil para cubrir necesidades reales de
pymes y micropymes.
Una reforma de este tipo de formación es urgente y el Gobierno
debería poner toda su atención en la formación de trabajadores en esas
pymes y micropymes. Deberían de ser las organizaciones sectoriales de
las empresas y los trabajadores, quienes trazasen necesidades y
prioridades formativas y vertebrasen y organizasen a las pymes y
micropymes, para utilizar bien los recursos, al tiempo que evaluasen y
propusieran los cambios necesarios para ir adaptando cada vez más y
mejor las necesidades formativas con la formación que se realice. Esa
formación debería ser impartida, salvo excepciones justificadas, por
centros de formación acreditados y registrados, que aseguren la calidad
de sus programas formativos.
Si no lo hacemos así, la calidad de esta formación seguirá siendo
baja y poco adaptada a las necesidades y realidad de las empresas.
Además, estos recursos seguirán siendo campo abonado para
irregularidades de todo tipo, cuando no para corruptelas que
comprometen la viabilidad del sistema.
En cuanto a las grandes y medianas empresas, me parece esencial que
en el seno de cada empresa funcionase una Comisión de Formación, en la
que empresario y Representación Legal de los Trabajadores, deberían
negociar las necesidades formativas y los planes anuales de formación.
Dejamos un tercer capítulo para la formación programada directamente
desde la oferta estatal, en el marco de la Fundación tripartita de
Formación para el Empleo.
Francisco Javier López Martín
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