La pobreza aumenta en España entre las personas con trabajo

EL País. - La crisis ha podado los sueldos hasta el punto de colocar a más gente en un lugar particularmente indeseable: el de vivir bajo el umbral de la pobreza pese a tener un trabajo y un sueldo; que formar parte del sistema productivo no le libre a uno de la miseria. La crisis ha aumentado en España el índice de la llamada “pobreza laboral”: en solo tres años, de 2007 a 2010, la tasa ha aumentado del 10,8% al 12,7%, según los datos recogido en el primer Informe sobre la desigualdad en España, presentado hoy por la Fundación Alternativas.
15 de marzo de 2013

La estadística oficial española fija el umbral de la pobreza en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas de un hogar, en función de las recomendaciones de la oficina estadística europea (Eurostat). El catedrático de Economía Aplicada Luis Ayala, uno de los expertos que ha elaborado el informe, explicó en la presentación que esta tasa de pobreza entre personas con trabajo “es de las más altas de la Unión Europea y esto no tiene que ver con la crisis, dado que era así en 2007”.

Los últimos datos disponibles no permiten augurar una mejora: el conjunto de remuneraciones salariales cayó en el cuarto trimestre de 2012 un 8,5% anual respecto al mismo periodo del año pasado, según publicó el Banco de España. Las mujeres registran un nivel de pobreza laboral inferior a los hombres porque estas suelen aportar la renta secundaria de un hogar.

El estudio de Alternativas, dirigido por el catedrático Jesús Ruiz-Huerta, concluye que España es uno de los países europeos con mayor desigualdad económica. Los últimos datos de Eurostat le otorgaban la peor posición en la eurozona, según el coeficiente Gini de 2011. Este indicador fija en cero la igualdad perfecta y en 100 la desigualdad más absoluta y España sacó en 2011 un 34, el más alto de los socios de la moneda común.

La brecha se redujo levemente en la última gran etapa de bonanza y aumentó con la recesión, y los expertos atribuyen este comportamiento contracíclico a todo a los estragos de la burbuja inmobiliaria: como los sueldos de los trabajadores de la construcción se sitúan en los niveles más bajos, cuando el sector se disparó y aumentó tanto el empleo como los salarios, la desigualdad se redujo. Además, la prima salarial para los trabajadores mejor formados —es decir, la diferencia de sueldo al alza frente a aquellos con menos estudios— se contrajo. Con el derrumbe inmobiliario, el efecto para todos esos sueldos vinculados al ladrillo es exactamente el contrario.

En esta línea, el porcentaje de trabajadores con un sueldo igual o inferior al salario mínimo interprofesional (SMI) ha pasado del 6% al 10,5% en el periodo 2004-2010. La desigualdad en España se explica en buena parte por el peso relativo que tienen los llamados empleos de bajos salarios, es decir, aquellos que son inferiores a dos tercios de salario medio de una economía: eran el 21% del total (calculado sobre el salario bruto mensual), frente al 19% de 2007 o el 18,9% de 2001.

Y las reformas fiscales y las políticas públicas —que son las grandes herramientas de un Estado para redistribuir la riqueza de un país— no han surtido el efecto suficiente. El estudio señala especialmente las rebajas del IRPF aprobadas entre los años 1998 y 2007, las cuales hicieron que “incluso en una fase de crecimiento intenso de la actividad económica, la recaudación creciera durante varios años a menor ritmo que el producto interior bruto (PIB)”.

No obstante, la mayor limitación que han tenido las políticas de redistribución, según el estudio, afectan a la parte del gasto: "Las cifras de gasto social relativo tendieron a la baja, con porcentajes sobre el PIB antes de la crisis (por debajo del 20%) inferiores a los niveles máximos del primer tercio de los años noventa (24,4%)".

Mujeres, jóvenes e inmigrantes son los colectivos más empobrecidos por la crisis por el tipo de empleo que tienen, más vulnerable, más temporal, y peor pagado: “los colectivos más vulnerables en esta crisis ya lo eran con anterioridad: jóvenes menores de 25 años, trabajadores con contratos temporales, empleados en puestos de baja cualificación, sobre todo en la construcción y, muy especialmente, los inmigrantes”, señala el informe.