Repsol lanza su ofensiva legal contra Argentina tras la expropiación de YPF
Los servicios jurídicos de Repsol se preparan
para poner en marcha su ofensiva legal contra Argentina tras la
aprobación formal por parte del Congreso del país de la ley que declara
YPF de utilidad pública y expropia el 51% de sus acciones, informaron a
Europa Press en fuentes próximas a la compañía. Una vez aprobada la norma, Repsol denunciará a Argentina ante
la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de
Washington, en la que evocará el Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre Argentina y
España.
07 de mayo de 2012
En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la
compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al Gobierno
argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención
de acudir al tribunal. Argentina, con 49 reclamaciones, es el país con
más casos abiertos ante este tipo de instuticiones internacionales.
El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo,
explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no
solo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que
pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados.
Para Repsol, el justiprecio por su 57% de YPF asciende a
10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros), si bien el
Gobierno argentino ha sugerido que no pagará esta cifra esgrimiendo
argumentos relacionados con la deuda de la petrolera argentina, sus
costes ambientales o el flujo de dividendos ya pagado.
Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como
base para sus reclamaciones. En el primero se ellos se indica que una
adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de
accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA),
mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre
todas las acciones de clase D para asumir este control.
Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera
española pretende iniciar "todas las acciones legales a su alcance", lo
que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses. En
paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en
Estados Unidos y no se descarta que otros inversores de YPF, entre ellos
algún fondo internacional, puedan judicializar el caso.
ACCIONISTAS MINORITARIOS.
Los accionistas minoritarios de YPF pueden denunciar el cambio
de propiedad, en el que han pasado de ser inversores de una empresa
privada a una empresa pública, así como las dificultades que esta nueva
circunstancia genera a la cotización de las acciones en Nueva York.
También pueden evocar la obligación de OPA o los peligros que
el nuevo entorno genera para la propia financiación de la compañía, ya
que algunas cláusulas de financiamiento provocan la aceleración en los
vencimientos con anticipaciones.
DECRETO DE OCUPACIÓN.
Al margen de la ley de expropiación, los servicios jurídicos
de Repsol también deben responder al decreto de ocupación urgente de las
instalaciones de YPF, que se aplicó inmediatamente después del anuncio
de la expropiación y que sirvió para echar a los directivos españoles de
la sede de la petrolera en Buenos Aires.
El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, recordó que
este decreto se promulgaba sobre una ley de la época del dictador
Videla, mientras que Suárez de Lezo advirtió de que su aplicación
suponía una toma de control automática de YPF.
ep
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