Crímenes económicos contra la humanidad
Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Desde la II Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este concepto y con la idea de que, no importa cuál haya sido su magnitud, es posible y obligado investigar estos crímenes y hacer pagar a los culpables.
01 de abril de 2011
Situaciones como las que ha generado la crisis económica han hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. El concepto no es nuevo. Ya en los años 1950 el
economista neoclásico y premio Nobel Gary Becker introdujo su "teoría
del crimen" a nivel microeconómico. La probabilidad de que un individuo
cometa un crimen depende, para Becker, del riesgo que asume, del posible
botín y del posible castigo. A nivel macroeconómico, el concepto se usó
en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta
y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de
África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y
la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las
políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como
responsables, especialmente el FMI, que quedó muy desprestigiado tras la
crisis asiática.
En la actualidad son los países occidentales los
que sufren los costes sociales de la crisis financiera y de empleo, y
de los planes de austeridad que supuestamente luchan contra ella. La
pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda y el
sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia
son ejemplos de los costes aterradores de esta crisis. Los hogares que
viven en la pobreza están creciendo de forma imparable. Pero ¿quiénes
son los responsables? Los mercados, leemos y oímos cada día.
En un artículo publicado en Businessweek el 20 de marzo de 2009 con el título "Wall Street's economic crimes
against humanity", Shoshana Zuboff, antigua profesora de la Harvard
Business School, sostenía que el que los responsables de la crisis
nieguen las consecuencias de sus acciones demuestra "la banalidad del
mal" y el "narcisismo institucionalizado" en nuestras sociedades. Es una
muestra de la falta de responsabilidad y de la "distancia emocional"
con que han acumulado sumas millonarias quienes ahora niegan cualquier
relación con el daño provocado. Culpar solo al sistema no es aceptable,
argumentaba Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis
solo a las ideas, y no a quienes los cometieron.
Culpar a los mercados es efectivamente quedarse en la superficie del problema. Hay
responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes
defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros;
los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado
durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y
quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero
público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman
Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y
gente como Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal norteamericana
durante los Gobiernos de Bush y Clinton, opositor a ultranza a la
regulación de los mercados financieros.
La Comisión del Congreso
norteamericano sobre los orígenes de la crisis ha sido esclarecedora en
este sentido. Creada por el presidente Obama en 2009 para investigar las
acciones ilegales o criminales de la industria financiera, ha
entrevistado a más de 700 expertos. Su informe, hecho público el pasado
enero, concluye que la crisis se hubiera podido evitar. Señala fallos en
los sistemas de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de
las empresas, en las prácticas contables y auditoras y en la
transparencia en los negocios. La Comisión investigó el papel directo de
algunos gigantes de Wall Street en el desastre financiero, por ejemplo
en el mercado de subprimes, y el de las agencias encargadas del ranking de bonos. Es importante entender los distintos grados de
responsabilidad de cada actor de este drama, pero no es admisible la
sensación de impunidad sin "responsables".
En cuanto a las
víctimas de los crímenes económicos, en España un 20% de desempleo desde
hace más de dos años significa un enorme coste económico y humano.
Miles de familias sufren las consecuencias de haber creído que pagarían
hipotecas con sueldos mileuristas: 90.000 ejecuciones
hipotecarias en 2009 y 180.000 en 2010. En EE UU, la tasa de paro es la
mitad de la española, pero supone unos 26 millones de parados, lo cual
implica un tremendo aumento de la pobreza en uno de los países más ricos
del mundo. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera, más de cuatro
millones de familias han perdido sus casas, y cuatro millones y medio
están en procesos de desahucio. Once billones de dólares de "riqueza
familiar" han "desaparecido" al desvalorizarse sus patrimonios,
incluyendo casas, pensiones y ahorros. Otra consecuencia de la crisis es
su efecto sobre los precios de alimentos y otras materias primas
básicas, sectores hacia los que los especuladores están desviando sus
capitales. El resultado es la inflación de sus precios y el aumento aún
mayor de la pobreza.
En algunos casos notorios de fraude como el
de Madoff, el autor está en la cárcel y el proceso judicial contra él
continúa porque sus víctimas tienen poder económico. Pero en general,
quienes han provocado la crisis no solo han recogido unas ganancias
fabulosas, sino que no temen castigo alguno. Nadie investiga sus
responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el
aparato judicial no los persigue.
Si tuviéramos nociones claras de
qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para
investigarlos y perseguirlos se hubieran podido evitar muchos de los
actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy
interesante. En vez de rescatar a los banqueros que arruinaron al país
en 2008, la fiscalía abrió una investigación penal contra los
responsables. En 2009 el Gobierno entero tuvo que dimitir y el pago de
la deuda de la banca quedó bloqueado. Islandia no ha socializado las
pérdidas como están haciendo muchos países, incluida España, sino que ha
aceptado que los responsables fueran castigados y que sus bancos se
hundieran.
De la misma forma que se crearon instituciones y
procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la
humanidad, es hora de hacer lo mismo con los económicos. Este es un buen
momento, dada su existencia difícil de refutar. Es urgente que la
noción de "crimen económico" se incorpore al discurso ciudadano y se
entienda su importancia para construir la democracia económica y
política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados
para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no
viceversa.
Lourdes Benería es profesora de Economía en la Universidad de Cornell. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.
El País
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