La SGAE paralizó un informe que hubiera podido abaratar el canon

Las entidades de gestión de derechos de autor SGAE y Egeda han paralizado desde el pasado mes de marzo la entrega a la Fiscalía de un informe que, de haberse hecho público, hubiera podido suponer una reducción de la recaudación que se obtiene gracias a la figura del canon digital.
07 de enero de 2008

Este estudio, elaborado en marzo por el prestigioso bufete Bercovitz-Carvajal a petición de Promusicae, que agrupa al 95% de los productores de música españoles, y de la Federación Antipiratería (FAP), tenía como propósito rebatir una circular de la Fiscalía General del Estado en la que se recomendaba no perseguir penalmente a quienes descargan contenidos protegidos por derechos de autor a través de programas de intercambio de archivos entre pares (P2P).

Sin embargo, al defender sus tesis y justificar que los usuarios de este tipo de programas sí estarían cometiendo un delito, el bufete perjudicó indirectamente a las entidades de gestión de derechos de autor SGAE y Egeda. Y es que la pérdida de ingresos por los programas P2P era uno de los argumentos que esgrimían estas organizaciones en la lucha a brazo partido que en esos momentos libraban contra los fabricantes de tecnología para conseguir elevar el canon cuanto fuera posible y aplicárselo a otros dispositivos, como los reproductores MP3 y los teléfonos móviles.

Por lo tanto, las entidades impidieron que la Comisión Antipiratería del Gobierno diese luz verde al Informe Bércovitz y se lo transmitiese a la Fiscalía, que sólo había tenido noticia de dicho texto de forma extraoficial.

No obstante, fuentes próximas a la situación confirmaron a LA GACETA que, una vez aprobadas las sumas definitivas del canon, que aseguran a estas entidades que mantendrán intactas sus principales fuentes de ingresos, nada impide a las entidades aprobar este informe y permitir que los productores puedan reclamar a la Justicia que vaya también en contra de los infractores “desprofesionalizados”.

Delito desprofesionalizado

“La piratería no se realiza ya en industrias o establecimientos comerciales como sucedía mayoritariamente hace unos años, sino que se ha trasladado a los domicilios o se realiza por personas no profesionales de la música o del sector audiovisual, las cuales no dotan a su actividad de un perfil comercial, ya que no promueven ni persiguen el intercambio de bienes o servicios remunerados con precio”, subraya el informe, según el cuál sería delito tanto almacenar obras en el disco duro del ordenador como compartirlas a través de programas P2P.

Para acabar con el intercambio de archivos, el estudio de este bufete pide a los proveedores de iInternet que informen a los usuarios sobre las responsabilidades penales de sus actos, y no descarta que se les pueda considerar cooperadores necesarios del delito.

Las gestoras francesas atacan al P2P

La asociación francesa de discográficas independientes SPFF lanzó la semana pasada en París una iniciativa contra varios fabricantes de software P2P bastantes conocidos, tales como Morpheus, del grupo estadounidense Streamcast, o Azureus. La demanda, en la que piden más de 20 millones de euros en daños y perjuicios por infringir los derechos de autor, tiene pocas posibilidades de salir adelante y se enfrenta a numerosos obstáculos, pero tiene el objetivo de llamar la atención e incrementar la presión para que el Gobierno de Nicolas Sarkozy, ya comprometido contra los intercambios de archivos a través de la red, endurezca aún más las leyes sobre copyright.

M.A.Uriondo
La Gaceta