Lunes 25-1-2016.- Socialmente, repugnante. Que las empresas ofrezcan una información clara y relevante sobre su responsabilidad social es muy sencillo. Sin embargo, una inmensa maraña de intereses cruzados, multitud de intermediarios, el uso de la información privilegiada y en definitiva, el amiguismo y la corrupción en diversos grados lo está impidiendo. En el Consejo Estatal de RSE (Ver Todo sobre el CERSE) propusimos una serie de indicadores básicos o sintéticos para que las grandes empresas y el sector público (en primer lugar) informara sobre cuestiones básicas, que tienen que ver con el cumplimiento de la ley y de las normas (y el nivel de cumplimiento del espíritu de la ley, eso que llaman Compliance. Sí, no hacemos distinción. No nos dejamos engañar por eso de que la RSE no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley, gran falacia que seguimos oyendo). Un ejemplo simple: propusimos un indicador sobre el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad (antigua Lismi). Y la noticia que destacamos hoy es: El 81% de las empresas no cumple la ley de inserción laboral de personas con discapacidad (Corresponsables). Y mientras ocurre esto, y mientras cierta política boicotea la Ley de Dependencia (gran conquista social), se hace publicidad, propaganda y 'greenwashing' con multitud de iniciativas relacionadas con la discapacidad y la acción social. Y seguimos sin tener clara la aportación de las empresas a la justicia fiscal (*) o al empleo de calidad. Cuando es evidente que los salarios y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores dependen de sus convenios colectivos y de la capacidad de los sindicatos para hacerlos cumplir, hay una ofensiva global contra ambos.