CCOO lanza una campaña informativa para parados afectados por denegaciones de jubilación anticipada


CCOO. - El acuerdo con los sindicatos obliga a la Seguridad Social a revisar de oficio todas las solicitudes de jubilación anticipada que han sido rechazadas en los últimos meses o se han calculado con reglas distintas a las garantizadas en la norma. De no haberse logrado corregir la posición inicial del Gobierno, la cifra total de posibles afectados sería muy superior a los 35.000 parados que admite el Ministerio.

La última reforma de pensiones negociada por los sindicatos, en 2011, incluía una “cláusula de salvaguarda” que protegía especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras que habían sido despedidos antes del 1 de abril de 2013 (fecha en la que se aprobó la reforma) y no volvían a encontrar trabajo, o lo eran después de aquella fecha pero como consecuencia de ERE previos a la misma, de modo que, en todos los casos tenían garantizado el acceso a la jubilación anticipada a partir de los 61 años con las reglas previas a la reforma.

La normativa de protección social establece que los trabajadores despedidos, cuando no encuentren otro trabajo, pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para completar su carrera de cotización y mantener así su expectativa de pensión. Este convenio especial no invalida la “cláusula de salvaguarda”.

Sin embargo, desde el mes de junio pasado el Gobierno cambió el criterio administrativo que utiliza la Seguridad Social para aplicar la ley y comenzó a denegar este derecho a los parados con convenio especial. Más de 35.000 parados se podrían haber visto afectados, según los datos ofrecidos en sede parlamentaria por el Grupo Parlamentario Popular. El principal efecto para ellos es que la Seguridad Social había comenzado a denegar su solicitud de jubilación anticipada o que ha utilizado otras reglas para calcular su cuantía.

Ante las denuncias presentadas, entre otros, por CCOO, el Gobierno ha dado marcha atrás y ha acordado con los sindicatos revisar todos los expedientes de jubilación que se han visto afectados. Gracias a ello la Seguridad Social volverá a emitir resoluciones reconociendo el derecho a la jubilación anticipada a partir de los 61 años, de acuerdo con la “cláusula de salvaguarda” pactada por las organizaciones sindicales en la reforma de pensiones de 2011. Ya están en las oficinas de Seguridad Social las instrucciones que deben regir este proceso de rectificación administrativo que deberá desarrollarse en los próximos días.

Coincidiendo con esta revisión de los expedientes, CCOO ha puesto en marcha una compaña informativa para los posibles afectados para que puedan conocer de primera mano qué deben hacer en cada caso.

Las principales situaciones que CCOO ha detectado entre sus afiliados son:

- Parados que han recibido de la Seguridad Social una resolución denegándoles la jubilación anticipada. En estos casos, el acuerdo entre sindicatos y gobierno garantiza que el trabajador a recibir una comunicación del INSS revisando su expediente y pidiéndole que ratifique su solicitud de jubilación anticipada para volver a emitir una nueva resolución aceptándola.

- Parados que habían realizado una reclamación previa ante la Seguridad Social de la que todavía no tienen respuesta. En estos casos el INSS responderá aceptando la reclamación y autorizando la jubilación.

- Personas a las que la Seguridad Social sí les había reconocido la jubilación anticipada, pero había realizado el cálculo de la cuantía con la normativa posterior a la reforma y esta daba lugar a una cuantía inferior a la que hubiera resultado de aplicar la legislación anterior. En estos casos el INSS procederá a recalcular la cuantía aplicando la regulación previa a la reforma, y preguntará al interesado por cuál de las dos opta.

Aunque el número de personas que ya se han visto afectadas se sitúa en torno a 1.500 según reconoce la propia Seguridad Social, habida cuenta de que sólo se ha aplicado el criterio restrictivo durante los meses de junio a septiembre, de no haberse logrado corregir la posición inicial del Gobierno, la cifra total de posibles afectados sería mayor que los 35.000 parados que admite el Ministerio de Empleo. La estimación del gobierno sólo tiene en cuenta a los despedidos antes de abril de 2013 que tienen un convenio especial en vigor, pero no computan a todos aquellos que lo tuvieron pero lo han dado de baja, y tampoco a todos aquellos que actualmente todavía perciben prestaciones de desempleo pero que cuándo ésta se agote tienen previsto suscribir un convenio especial para mantener su expectativa de pensión.

Es difícil dar una cifra concreta, pero para CCOO los beneficiados por esta rectificación, que hubieran constituido el colectivo de afectados por el injustificado endurecimiento que habíamos denunciado, superarían fácilmente el doble de esa cifra.


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