Una veintena de organizaciones de la sociedad
civil acusaron al gobierno español ante la ONU de incumplir compromisos
internacionales al recortar fondos en áreas sociales para afrontar la
crisis económica. Los inmigrantes están entre las principales víctimas
del plan de austeridad.
MADRID, 8 may (IPS)
Los severos problemas económicos y financieros que sufre España
derivaron en "una crisis de derechos humanos", afirman los activistas en
su informe presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que el lunes 7 y este
martes 8 analizó la situación en este país de asuntos como vivienda,
salud, trabajo, educación e inmigración.
El "insuficiente reconocimiento en la Constitución" de esos compromisos y
la falta de legislación acorde hacen que la reparación judicial por la
eventual violación de los derechos sociales sean "una asignatura
pendiente", añade el texto suscripto, entre otros, por la Coordinadora
de ONG para el Desarrollo, la Asociación Española para el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y Médicos del Mundo.
El Comité de la ONU, conformado por expertos independientes, supervisa
cada cinco años en cada estado parte la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en
1966 y ratificado por España en 1977.
Entre los colectivos más afectados por los recortes fiscales están los
inmigrantes que no tienen reconocida su residencia en el país, a los que
se les restringe el acceso gratuito que tenían hasta ahora a los
centros de salud pública, al igual que las prestaciones económicas,
entre otras quitas de derechos.
El decreto que modifica la Ley de Extranjería indica que todos los
indocumentados y hasta los turistas procedentes de países que no tienen
convenio sanitario con España tendrán derecho solo a una atención de
salud básica, como urgencias, partos y también el cuidado de los niños.
"O los inmigrantes se adaptan a nuestros valores o que den media vuelta y
vuelvan por donde han venido", declaró el alcalde de la nororiental
ciudad catalana de Badalona, Xavier García Albiol, en una muestra del
pensamiento al respecto del centroderechista Partido Popular, que
gobierna España.
Para ser considerado "regular", el inmigrante debe estar inscripto y
cotizando como trabajador, pero hay muchos que no lo consiguen porque
sus empleadores se niegan para así no pagar su parte al sistema de
seguridad social.
No hay cifras exactas ni medios para tenerlas, pero fuentes sindicales
estiman que los trabajadores que no están inscriptos en la seguridad
social llegan a unos cuatro millones, y buena parte de ellos son
inmigrantes indocumentados. Por su parte, el gobierno calcula que los
extranjeros en situación irregular son unos 500.000.
Las organizaciones no gubernamentales que denunciaron a España pusieron
énfasis en la quita de la llamada tarjeta sanitaria a los inmigrantes
irregulares. Es "un retroceso de más de una década en el disfrute del
acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de
gran vulnerabilidad, incluso llegando a poner en peligro su derecho a la
vida", indicaron.
Subrayaron, además, que tanto el gobierno de Mariano Rajoy como los
regionales "no solo se limitan a la reducción de la inversión social
hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos
reconocidos en la legislación internacional, sino que para ajustarse al
reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales en
el país".
La recesión económica en España ya provocó que el desempleo trepara
hasta 24 por ciento de la población económicamente activa, que equivale a
más de cinco millones de personas.
En los temas de asistencia social se destaca que el gobierno mira hacia
otro lado cuando se están produciendo desalojos forzosos, con ayuda
policial en muchos casos, de miles de familias por no poder pagar los
alquileres o porque los propietarios quieren poner en venta esas
viviendas.
Una inmigrante peruana, que solo se identificó con el nombre de Adelina,
comentó a IPS su peripecia en España sin los documentos de residencia.
Llegó al país "contratada" por unos intermediarios para trabajar en la
hotelería, sector en el que se desempeñó un tiempo.
"Nunca me hicieron firmar papeles laborales. Durante casi un año me
fueron pagando mes a mes mi sueldo, lo cual me permitió alquilar un
pequeño apartamento y pagar el viaje a España de mi esposo y de mis dos
hijitos", narró.
"Al principio todo nos fue bien, mi esposo consiguió otro trabajo, pero
le duró menos de tres meses. Hace un mes me despidieron también a mí,
sin pagarme indemnización porque no estaba registrada, y ahora estamos
desesperados, porque en unos días más no tendremos con qué pagar el
alquiler y tampoco nuestros billetes de viaje si resolviéramos retornar a
Perú", indicó angustiada.
Rajoy aseguró días atrás que ignoraba al ganar las elecciones que se iba
encontrar al asumir en diciembre con una situación tan seria en el
país. "Pensamos que debíamos afrontar una gripe o un catarro, pero
estamos ante una neumonía", graficó.
Esa "enfermedad" es la que azotará a la ciudadanía española durante
bastante tiempo, porque el problema es grave y difícil de solucionar, en
especial por el rumbo adoptado, según analistas.
El gobernante prometió enfrentar la crisis "metiendo la tijera a todo,
salvo a las pensiones públicas, a la sanidad y a la educación", pero el
presupuesto nacional aprobado a fines de marzo impuso, precisamente, los
más fuertes recortes en las dos últimas áreas.
En general el ajuste promedio de todas las carteras ministeriales fue de
16,9 por ciento, en un intento por reducir el déficit fiscal de 2011,
de 8,5 por ciento del producto interno bruto, a 5,3 por ciento para
fines de este año.(FIN/2012)