Insuficiente cambio de rumbo en la política económica

CCOO. - El acuerdo del Consejo de Ministros de hoy tiene, para CCOO, claros y oscuros. Por un lado, el Gobierno recorta el techo de gasto no financiero del Estado en 5.000 millones con respecto a su nivel previsto en 2016, y lo deja en 118.337 millones de euros. Por otro, da marcha atrás en su reforma fiscal, que tuvo una finalidad claramente electoralista.
05 de diciembre de 2016

El aumento del impuesto de sociedades en unos 4.300 millones de euros es una medida necesaria tras el hundimiento de su recaudación, en un momento en el que, además, las sociedades no financieras ya han recuperado su nivel de beneficios de antes de la crisis, y reducido su endeudamiento por debajo de la media de la Eurozona. El aumento de los impuestos especiales (alcohol, tabaco y bebidas azucaradas) que aportará otros 350 millones de euros, aunque supone una actuación contra las consecuencias negativas sobre la salud a través de los precios de estos productos, no se mueve, sin embargo, en la dirección de recuperar la equidad perdida del sistema tributario con la reforma fiscal. Es, por tanto, obligado que a lo largo de la legislatura se aligere el IRPF y el IS de deducciones injustificadas y que la fiscalidad del capital se aproxime a la del trabajo, en línea con la propuesta de reforma global del sistema tributario que presentó CCOO.

En este mismo sentido, las medidas de lucha contra el fraude (comunicación de facturas en tiempo real y limitación de pagos en efectivo) son adecuadas pero insuficientes. Es necesario prohibir por ley las amnistías fiscales, aumentar el número de inspectores de la AEAT, y redefinir el delito fiscal para facilitar la persecución de la evasión de impuestos de manera creíble y efectiva. Casi el 40% del aumento de ingresos derivados de las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministro, son discutibles pues proceden del mayor control tributario y de la lucha contra el fraude fiscal.

El alza en las cotizaciones sociales, mediante el aumento de la base mínima de cotización, resultado del incremento del SMI en un 8% (70 millones adicionales, según el Ministerio de Empleo), y de la base máxima en un 3% (390 millones adicionales, según estimación de CCOO), recoge algunas de las propuestas presentadas, recientemente, por el Secretario General de CCOO ante la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, pero es claramente insuficiente para tener un impacto relevante sobre los ingresos de Seguridad Social a corto plazo, como es necesario. Más evidente aún es esta necesidad, tras la disposición ayer de otros 9.500 millones del Fondo de Reserva (donde ya sólo quedan 15.900 millones), y un déficit previsto de en torno a 19.000 millones en la Seguridad Social para este año.

Un sistema solvente de pensiones públicas de calidad exige una mejora clara de los ingresos por cotizaciones sociales, además de la aportación de ingresos adicionales, que deben obtenerse a través de una reforma fiscal profunda, conseguir que los trabajadores autónomos coticen por bases reales, y ampliar aún más el destope de la base máxima, tal y como hemos señalado muy recientemente. Oportunamente su posible ampliación y relación con la pensión máxima se remite a la Comisión Parlamentaria y al Diálogo Social. Este último, no obstante, es el que el Gobierno tiene pendiente recuperar tras dos legislaturas dejándolo de lado, y la forma de revisar el salario mínimo no ayuda a ello. La mejora anunciada del SMI, tan necesaria para reducir los niveles de desigualdad y pobreza laboral, y fruto de la presión sindical es, sin embargo, claramente insuficiente cuando se compara con la proporción que representa sobre el salario medio neto en otros países. Más allá de los acuerdos parlamentarios, su convergencia tiene que acordarse dentro del diálogo con los agentes sociales, pues se trata claramente de una materia de naturaleza laboral.

La situación política y económica debería hoy abrir la posibilidad de que se inicie una nueva etapa donde el bienestar de las personas (que en su mayoría son trabajadores y trabajadoras, pero también pensionistas, estudiantes, cuidadores, personas dependientes) vuelva a ganar centralidad en los objetivos de política económica. Ésta ha sido la gran lucha de CCOO, durante la crisis, denunciando un Gobierno insensible y un rodillo parlamentario que no han querido repartir los costes de la crisis entre todos, promoviendo la solidaridad con los más débiles. Por el contrario, los han cargado sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras, y de los menos favorecidos y vulnerables. Con el inicio de la recuperación, hemos seguido denunciando un crecimiento que no llega a las personas y beneficia, fundamentalmente, a los que ya tienen una posición privilegiada.

No está aún claro que el diálogo vaya a ser verdadero y con la profundidad suficiente para recuperar a los que han caído en la exclusión y para lograr un crecimiento inclusivo. Por eso CCOO, junto a UGT, hemos convocado manifestaciones los próximos 15 y 18 de este mes, para conseguir que las cosas cambien de verdad, aumentando la inversión pública, elevando el ritmo de creación de empleo de calidad, generando oportunidades de empleo para los parados de larga duración y los jóvenes, recuperando los servicios y el empleo público, reforzar los sistemas de protección social desarrollando, entre otras medidas, un sistema de rentas mínimas eficiente, y asegurando un sistema de pensiones públicas de calidad.