CCOO y UGT transmiten al Ministro del Interior su rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana

CCOO. - Los secretarios generales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se han reunido en el día de hoy con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para mostrarle su preocupación por los contenidos y el desarrollo de la Ley de Seguridad Ciudadana y la afectación al Derecho de Huelga
27 de enero de 2015

Ambas organizaciones han entregado al Gobierno sus observaciones al proyecto de Ley y a las enmiendas introducidas por el Grupo Parlamentario Popular a esta ley, que incorpora nuevas restricciones al ejercicio de derechos fundamentales con el objetivo de cercenar las libertades democráticas en nuestro país. En este sentido, el proyecto pretende, entre otras cuestiones, ampliar el concepto de “sospechoso” a toda persona que lleve algún tipo de prenda u objeto que cubra el rostro total o parcialmente, sin requerir de forma clara que haya indicios de infracción o delito; o generalizar como responsable de infracciones a cualquier persona, aunque padezca una anomalía o alteración mental o intelectual que no le permita comprender si el hecho es lícito o ilícito o no pueda actuar de otra manera. Además, pretende equiparar como agravante en las sanciones el uso de la violencia y la amenaza con la mera intimidación y legalizar la práctica ilícita de estas fuerzas del Estado de devolver “en caliente” a los inmigrantes en Ceuta y Melilla, algo a todas luces inconstitucional. Por ello, CCOO y UGT han mostrado nuevamente su rechazo al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y han reclamado la retirada de las enmiendas del mismo, ya que agravan aún más el contenido ya represivo de dicha norma. Durante la reunión, el Gobierno ha manifestado a las organizaciones sindicales su compromiso y el del Grupo Parlamentario Popular de continuar en próximas fechas con las conversaciones para tratar estas cuestiones antes de que finalice el trámite parlamentario, en la necesidad de revertir esta pérdida de derechos civiles y democráticos de la ciudadanía de nuestro país.