Ahora sí: luz verde a la nueva Ley de Propiedad Intelectual

Genbeta. -Tras meses de trámites parlamentarios, la nueva Ley de Propiedad Intelectual ha sido finalmente aprobada en el Congreso, con lo que su fecha de entrada en vigor ya es definitiva: 1 de enero de 2015 para la mayoría de medidas que allí quedan reflejadas. La reforma se ha aprobado con 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones, ninguna sorpresa debido a la mayoría absoluta del PP.
31 de octubre de 2014

Entre las principales novedades está el Canon AEDE, la compensación irrenunciable que los editores y creadores de contenidos recibirán vía asociación de gestión de derechos de autor. No serán los únicos en tener que pagar un tasa: como bien explicamos en Xataka, también las universidades tendrán que pagar por caja al citar fragmentos de obras dentro de su ámbito académico.

Dentro de la reforma también se estipulan sanciones económicas mucho más importantes para webs de enlaces y, no sólo eso, sino que se da más poder a la Sección Segunda. Este órgano administrativo, creado ya con la Ley Sinde, podrá ahora ordenar la suspensión de servicios (como publicidad o pagos) que se den a una página infractora y, además, podrá mandar la suspensión de dominios, todo ello sin la autorización de un juez. Los operadores, bajo mandato judicial (aunque el juez sólo decidirá si se acepta la propuesta o no), tendrán que bloquear el acceso a las páginas que infrinjan los derechos de autor si los afectados lo solicitan.

Finalmente está el asunto del canon digital. Se limita el concepto de copia privada (sólo una que lo sea de un original con soporte físico y legalmente adquirido lo es), con lo que se crea un vacío legal entre las otras copias que lo eran hasta ahora. El cargo se seguirá haciendo a los Presupuestos Generales del Estado pese a que el Tribunal Supremo consultó al Tribunal de Justicia de la UE sobre si esta práctica era procedente. Al final, cero cambios para una norma que choca en más de un puntocon la legislación de la UE y que, además, será reformada de forma integral por el Gobierno en un plazo de un año.