Economía pospone a 2016 la Ley de Auditoría


Expansión. - Era una ley urgente, con la que reaccionar a las deficiencias de la supervisión contable que provocó en julio el escándolo de Gowex. Sin embargo, pese a que el Ministerio de Economía aseguró que estaría en marcha antes de que finalizara el año, ayer rectificó.
29 de octubre de 2014

La nueva Ley de Auditoría "entrará en vigor en el año 2016, por lo que su tramitación parlamentaria debe hacerse a lo largo del año 2015", asumió ayer el ministro Luis de Guindos en el Congreso de los Diputados.

El ministro de Economía señaló en su intervención los tres proyectos legislativos que tiene planteados su Ministerio para el año que queda de legislatura: la adaptación de la normativa sobre auditorías a la directiva comunitaria y al reglamento que la desarrolla; la nueva autoridad de resolución bancaria y la trasposición de Solvencia II en materia de seguros. De Guindos dijo que se trata de tres proyectos muy relevantes y afirmó que saldrán aprobados "aunque hay fuertes grupos de presión" interesados en influir en ellos.

La nueva Ley de Auditoría tiene como objetivo establecer "requisitos más estrictos en la actividad y mejorar la calidad de las prácticas auditoras", reiteró ayer De Guindos. Para reforzar la independencia, señaló, "se limitarán los servicios complementarios que pueden prestar (...), se establecerán techos a sus honorarios por servicios distintos a los de auditoría (...), se restringirá la concentración de ingresos percibidos de una misma entidad y se establecerá una rotación externa obligatoria tras un periodo máximo de duración de 10 años".

Rotaciones

Ésa es, precisamente, una de las novedades del tercer borrador de la ley elaborado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac). Un documento que colgó en su web el lunes por la tarde y que, minutos después, retiró sin que mediara explicación.

En el borrador se fija la rotación de firmas cada 10 años, el plazo máximo que marca Bruselas. En el primer texto, publicado en agosto, el plazo era de ocho años; y en el segundo, de nueve. Una modificación que, en gran medida, responde a las peticiones del sector.

Junto a este cambio de criterio, el tercer borrador elaborado por el Icac incluye novedades como la creación de un Cuerpo Superior y Técnico de Inspectores de Auditoría de Cuentas y de Normalización Contable, adscrito al Ministerio de Economía, así como un Cuerpo Administrativo con la misma labor supervisora.

Se trata de una función que, desde hace tiempo, está sobre la mesa para reforzar la labor supervisora del Icac pero que aún no se había puesto en marcha y cuyas funciones no se detallan en el borrador.

Otra novedad que recoge este texto es la posibilidad de que un accionista de referencia de una Empresa de Interés Público (EIP), entre ellas las cotizadas, pueda instar a cambiar de auditor. Según el borrador, aquellos accionistas que sumen más del 5% del capital social o de los derechos de voto podrán solicitar al Icac -o a un juez de primera instancia en el caso de no ser EIP- la revocación del auditor designado por la junta general y el nombramiento de otro. Para ello, es necesario que medie "justa causa", aunque el borrador no detalla en qué casos se cumple este criterio. El documento sí sigue las líneas de los dos borradores anteriores en lo relativo a las incompatibilidades familiares de hasta segundo grado y a la limitación de servicios de no audiroría.

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