CCOO cree que el proyecto de Ley confunde seguridad ciudadana con ‘orden público’

CCOO.  A pesar de las modificaciones sugeridas -y algunas recogidas- por los órganos consultivos, se impone la lógica del ministro del Interior de "criminalizar la respuesta social" y devaluar los derechos civiles y democráticos
20 de octubre de 2014

CCOO ha hecho público un comunicado con motivo del debate de totalidad realizado ayer en el Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en el que fueron rechazadas con los votos del PP, Foro Asturias y UPN, las nueve enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos de la oposición. “En nuestra opinión,  en el proyecto del Gobierno se ha impuesto la doctrina más autoritaria y muy centrada en el orden público, que tanto gusta al ministro del Interior, en detrimento de los derechos civiles y democráticos”, apunta el secretario de Organización y Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano.

El proyecto del Gobierno sobre Seguridad Ciudadana es difícilmente compatible con las exigencias de una sociedad democrática, en la que la seguridad debe formar parte de un ambicioso código de derechos y libertades, en lugar de actuar como instrumento coactivo para el ejercicio de los demás derechos. “De esta forma, el Gobierno de Mariano Rajoy mira por el espejo retrovisor y recurre a ideas y doctrinas de abierto cariz autoritario, para tratar de neutralizar el conflicto social. Si el gobierno cree que a golpe de cuerpos de seguridad, represión y sanciones administrativas va a callar las voces de la protesta social, sindical o política habrá dado un paso en falso y solo logrará descrédito y rechazo en las instituciones de justicia y de derechos humanos de todo el mundo”, denuncia Lezcano.

CCOO recuerda que este proyecto de ley viene a sumarse a otras iniciativas para cercenar las libertades públicas y limitar derechos como son la reforma del código penal o las que niegan la gratuidad en el acceso a la justicia. Para muestra un botón: los más de 300 sindicalistas con proceso penal o administrativo -a algunos se les piden más de 80 años de cárcel- por ejercer el derecho constitucional de convocatoria de una huelga general. “Queremos saber, precisa Lezcano, si el actual ministro de Justicia, con el que pretendemos reunirnos a la mayor brevedad, mantiene el compromiso del anterior, de impedir que ningún sindicalista entre en prisión e iniciar el trámite para derogar la figura específica de coacciones (artículo 315.3 del Código Penal) en el ejercicio del derecho de huelga. De momento, ha dado muestras de lo contrario, al votar en contra el pasado martes, el Grupo Popular, de la Proposición de Ley de la Izquierda Plural, presentada por Gaspar Llamazares, de derogar el citado artículo, proposición que contó con el apoyo del resto de grupos parlamentarios”.