La Diputación de Lugo prescindirá de las empresas que apliquen recortes laborales
EL DIARIO.ES.- El ente provincial lucense impone "cláusulas sociales" en todas sus
contrataciones, en las que el número de contratos indefinidos o la
inserción de personas con discapacidad contarán como méritos.
21 de marzo de 2014
El pasado febrero el personal de seguridad del Museo Provincial y del Pazo de los Deportes de Lugo recibía una noticia poco habitual. La empresa Alcor, concesionaria de este servicio, iba a dejar de
prestarlo sin que esto significara la pérdida de su puesto de trabajo.
El motivo de esta salida abrupta era que la Diputación lucense, titular
de estas instalaciones, había culminado el proceso para prescindir de la
compañía después de que ésta decidiera, unilateralmente, rebajarle el
sueldo al personal con la aplicación de la reforma laboral. Lo que
entonces fue una excepción será, de ahora en adelante, norma en la
institución.
La entidad lucense acaba
de convertirse en la primera del Estado en generalizar la aplicación de
las denominadas "cláusulas sociales" en todos los pliegos de condiciones
para contratar servicios con empresas privadas. Esto implica que quien
esté interesado en asumir un contrato público con la Diputación no sólo
tendrá que asumir el compromiso de blindar las condiciones laborales de
sus trabajadores y trabajadoras ante el riesgo de, en el caso de
hacerlo, perder la concesión. Las mejoras en estas condiciones serán
también fundamentales a la hora de ganar cada concurso.
Así, por ejemplo, el número de personas contratadas de manera
indefinida será un criterio de valoración a la hora de decidirse por una
u otra empresa. Del mismo modo, explica la Diputación, "se tendrán en
cuenta las propuestas que impliquen una mejora en las condiciones
laborales y salariales con respecto al Estatuto de los Trabajadores y al
convenio que resulte de aplicación". También se valorará la "inserción
de personal con discapacidad" y quedarán prohibidas las rebajas de
precios "desproporcionadas o anormales" cuando éstas impliquen "reducir
en gastos laborales".
"La política no debe estar en la mesa de contratación, sino en el control"
Una vez conseguido el contrato las empresas "deben cumplir las
condiciones laborales que ofertaron" y, además, asumir a todo el
personal que hasta el momento prestaba el servicio, "respetando los
derechos laborales que tuvieran reconocidos en su anterior empresa,
incluida la antigüedad". Y, ¿qué pasa si las normas se vulneran? Esto
"puede llevar consigo la resolución del contrato" y "penalizaciones" de
entre el 3% y el 10% del presupuesto total. "Incluso puede ser causa de
prohibición para contratar con la administración", aseguran.
Según el presidente de la institución, José Ramón Gómez Besteiro, su
gabinete toma esta decisión porque "la contratación pública es una
política pública más" y, por lo tanto, "una herramienta para conseguir
los objetivos que tenemos marcados como institución progresista". "La
política no debe estar en las mesas de contratación, sino en el diseño y
control de las políticas de contratación", las cuales "ya están en
marcha" en "cinco pliegos" que ya incluyen las nuevas cláusulas, con un
total de 83 puestos de trabajo, explica el también secretario general
del PSdeG.
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