La Diputación de Lugo prescindirá de las empresas que apliquen recortes laborales

EL DIARIO.ES.- El ente provincial lucense impone "cláusulas sociales" en todas sus contrataciones, en las que el número de contratos indefinidos o la inserción de personas con discapacidad contarán como méritos.
21 de marzo de 2014

El pasado febrero el personal de seguridad del Museo Provincial y del Pazo de los Deportes de Lugo recibía una noticia poco habitual. La empresa Alcor, concesionaria de este servicio, iba a dejar de prestarlo sin que esto significara la pérdida de su puesto de trabajo. El motivo de esta salida abrupta era que la Diputación lucense, titular de estas instalaciones, había culminado el proceso para prescindir de la compañía después de que ésta decidiera, unilateralmente, rebajarle el sueldo al personal con la aplicación de la reforma laboral. Lo que entonces fue una excepción será, de ahora en adelante, norma en la institución.

La entidad lucense acaba de convertirse en la primera del Estado en generalizar la aplicación de las denominadas "cláusulas sociales" en todos los pliegos de condiciones para contratar servicios con empresas privadas. Esto implica que quien esté interesado en asumir un contrato público con la Diputación no sólo tendrá que asumir el compromiso de blindar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras ante el riesgo de, en el caso de hacerlo, perder la concesión. Las mejoras en estas condiciones serán también fundamentales a la hora de ganar cada concurso.

Así, por ejemplo, el número de personas contratadas de manera indefinida será un criterio de valoración a la hora de decidirse por una u otra empresa. Del mismo modo, explica la Diputación, "se tendrán en cuenta las propuestas que impliquen una mejora en las condiciones laborales y salariales con respecto al Estatuto de los Trabajadores y al convenio que resulte de aplicación". También se valorará la "inserción de personal con discapacidad" y quedarán prohibidas las rebajas de precios "desproporcionadas o anormales" cuando éstas impliquen "reducir en gastos laborales".

"La política no debe estar en la mesa de contratación, sino en el control"

Una vez conseguido el contrato las empresas "deben cumplir las condiciones laborales que ofertaron" y, además, asumir a todo el personal que hasta el momento prestaba el servicio, "respetando los derechos laborales que tuvieran reconocidos en su anterior empresa, incluida la antigüedad". Y, ¿qué pasa si las normas se vulneran? Esto "puede llevar consigo la resolución del contrato" y "penalizaciones" de entre el 3% y el 10% del presupuesto total. "Incluso puede ser causa de prohibición para contratar con la administración", aseguran.

Según el presidente de la institución, José Ramón Gómez Besteiro, su gabinete toma esta decisión porque "la contratación pública es una política pública más" y, por lo tanto, "una herramienta para conseguir los objetivos que tenemos marcados como institución progresista". "La política no debe estar en las mesas de contratación, sino en el diseño y control de las políticas de contratación", las cuales "ya están en marcha" en "cinco pliegos" que ya incluyen las nuevas cláusulas, con un total de 83 puestos de trabajo, explica el también secretario general del PSdeG.