Repsol no es España; sus 17.000 trabajadores, sí
Más allá de quienes califican la intervención de YPF como
nacionalización revolucionaria de los recursos energéticos o
expropiación a una multinacional del petróleo (dándole así su justo
merecido, según explica el Gobierno argentino), o de quienes entendemos
que podría ser legítima si así lo decidiera soberanamente el país con
respeto a sus propias leyes y a los tratados internacionales por él
suscritos, lo sucedido en Argentina con YPF y Repsol ha sido una
intervención llena de sombras. Sombras en las formas, en las razones
esgrimidas y en su previsible resultado final que, sin duda, terminarán
por decepcionar las entusiastas expresiones de algunos sectores sociales
y políticos que han visto la medida como una acción en favor de la
justicia social. El tiempo lo dirá.
26 de abril de 2012
Pero no necesitamos esperar para comprobar el fuerte quebranto que
para Repsol puede representar si, como parece, la compensación por parte
de Argentina no responde al valor objetivo de lo expropiado. Es ahí
donde surge la discusión en caliente en las redes sociales, donde se
expresan muy diversas opiniones. Unas entienden que es una afrenta a
España, por lo que la respuesta debe ser patriota, y ahí caben los
boicots a productos argentinos, desagravios o movilizaciones, locuras
que siempre nacen de invocar enfáticamente a la patria.
Entonces, ¿debemos ser indiferentes como expresan muchas voces? Para
fundamentarlo afirman que, al ser Repsol una empresa privada y
extranjeros una parte importante de sus accionistas, su destino es algo
que afecta en exclusiva a sus propietarios. Yo afirmo que no, porque
solo desde una visión extrema y de lo más ultraliberal se puede
identificar exclusivamente a las empresas con sus accionistas o
considerar que sus éxitos o fracasos serían ajenos al resto de la
sociedad, a sus trabajadores y a los territorios donde están ubicadas.
Repsol no es España, es cierto, tan cierto como sí son España sus
17.000 trabajadores/as directos en el país y muchos de sus 480.000
accionistas minoritarios. Como lo son sus complejos industriales de
Euskadi, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña, donde trabajan
cientos de empresas de servicios y en ellas bastantes miles de
trabajadores. También su puntero Centro de Tecnología de Móstoles
(Madrid) y sus 3.620 estaciones de servicio repartidas por todo el país.
No sabemos cómo va a repercutir en las cuentas de los grandes
accionistas, españoles o extranjeros. No es nuestro principal problema,
sabemos que nunca pierden. Pero sabemos que precisamente la fortaleza
industrial de Repsol y su salud financiera han permitido que, tras
varios años de crisis general de la economía, se haya culminado el
pasado miércoles la inauguración de la ampliación del complejo
industrial de Cartagena, iniciada hace cuatro años, y que ha
representado la mayor inversión industrial de la historia de nuestro
país: 3.150 millones de euros, duplicando la capacidad de destilación de
crudo en Cartagena, contribuyendo a una clara mejora de nuestra balanza
comercial tan deteriorada.
Igual trascendencia económica y social tienen -para un país como el
nuestro, de escasa inversión industrial- los 900 millones de euros
invertidos en la nueva unidad de coque de la refinería de Petronor, en
Bilbao, o los 100 millones de euros anuales de salarios que representa
la red de empresas homologadas en torno a su complejo industrial de las
comarcas de Tarragona. Repsol no es España, pero su presente y futuro no
son ajenos a los intereses de sus trabajadores y del conjunto de la
ciudadanía. Así lo entiende el sindicalismo cuando no comparte la
opinión de los que consideran que las empresas son exclusivamente de sus
accionistas, uno de los muchos frentes de nuestra confrontación. Y
estas posiciones ultraliberales son las que pueden acabar reforzando
algunos argumentos que critican a CC OO y UGT porque hemos expresado
nuestra preocupación y compromiso con la defensa del proyecto industrial
de una de las mayores empresas industriales de nuestro país.
No deberíamos ser indiferentes a lo que le suceda a Repsol, como no
lo somos en Fiteqa-CC OO respecto a los esfuerzos de
internacionalización de empresas del sector de la moda, la energía, la
química o la farmacia, como Inditex, Mango, Puig, Gas Natural Fenosa,
Gamesa, Maxan, Grupo Esteve, Grifols, etc., empresas que, más allá de la
propiedad de sus acciones, se reconocen como españolas. Y que, con su
internacionalización, atenúan una de las principales debilidades de
nuestro tejido productivo, como es el reducido tamaño de la mayoría de
nuestras empresas y el escaso número de compañías internacionales, lo
cual nos impide aprovechar las ventajas de ser el país sede, como vemos
día a día con las multinacionales de otros países, a la hora de
localizar su inversiones, la I+D+i, los nuevos proyectos y también, como
en el caso de Repsol (8.310 millones de euros), los ingresos por
impuestos que generan sus beneficios. Por esto es tan importante arriar
las banderas y silenciar himnos patrióticos que nos distraigan del fondo
del conflicto, para que Repsol sea adecuadamente tratada y se refuercen
el resto de las numerosas empresas españolas en Argentina. Nos va mucho
en ello.
Joaquim González Muntadas. Secretario general de Fiteqa-CC OO
cinco dias
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