Pensiones rigurosamente vigiladas

Los sindicatos vascos discrepan con el Ministerio de Trabajo que prevé que, si no hay reformas, la Seguridad Social será deficitaria en 2015
01 de agosto de 2005

Es un mensaje recurrente, como los avisos de tráfico o las advertencias contra los incendios. Nos lo suele recordar un subsecretario de la Administración o un burócrata de la Unión Europea en migración estacional por los cursos de verano. Pero el mensaje es siempre el mismo: el Estado del Bienestar, el Welfare State, no es sostenible y amenaza con quebrar.

Esta vez ha sido un informe del Ministerio de Trabajo, corroborado posteriormente por su titular, Jesús Caldera, el encargado de poner nerviosos a los pensionistas y a los cotizantes de la Seguridad Social. Según el estudio -elaborado por el Ministerio a petición de la Unión Europea y hecho público el pasado día 22-, si no se acometen reformas, a partir de 2015 la Seguridad Social será deficitaria en 625 millones de euros y tendrá que recurrir al fondo de reserva para pagar las pensiones. La situación se agravaría en 2021, cuando se acaben los ahorros acumulados en el citado fondo.

Alarmismo

Mensajes parecidos se emiten en Londres, París o Berlín. La población envejece y cada vez se vive más. Es decir, cada vez hay que pagar más pensiones. Y las pensiones salen de las contribuciones de las empresas y de los trabajadores activos. Si no aumenta el número de trabajadores activos en proporción con el número de pensionistas, estos últimos acabarán consumiendo las pensiones futuras de los trabajadores actuales.

Un escenario desolador: el sueño del obrero feliz, encarnado en la imagen de los pensionistas alemanes viviendo una jubilación dorada en la Costa del Sol, se desvanece. Es necesario sanear y reestructurar. Lo que traducido significa que, si no es posible aumentar las cotizaciones, hay que recortar prestaciones.

Pero los sindicatos no coinciden con el análisis. Javier Bermejo, secretario de Acción Sindical de UGT Euskadi, deja claro que «no se debe hacer tremendismo, primero porque el sistema es flexible, está sujeto a revisiones periódicas y puede reajustarse, y segundo, porque las proyecciones demográficas suelen fallar, como demuestra el crecimiento actual».

Julene Gabiola, del Gabinete de Estudios de ELA, recuerda que «la viabilidad del sistema público de pensiones no sólo depende del envejecimiento de la población; hay mil factores, como la inmigración, el crecimiento económico, el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social o la utilización de otros ingresos impositivos -por citar algunos-, que pueden compensar este envejecimiento y hacer que el sistema público de pensiones pueda seguir gozando de buena salud».

De la misma opinión es Eduardo García, responsable de Acción Sindical de CC OO de Euskadi, que también niega la mayor: «Nuestro sindicato ha publicado recientemente un informe en donde se explica que el sistema de prestaciones tiene plena garantía de funcionamiento hasta el año 2050».

Pensiones privadas

Los sindicatos no parecen tener dudas al considerar que el sistema es sostenible. Entonces, ¿por qué los poderes públicos son siempre tan alarmistas?

Txomin Lorca, miembro de la Ejecutiva de LAB, sostiene que «se pretenden justificar las decisiones de fondo de la Comisión Europea, que desea disminuir el coste económico del sistema de pensiones, incrementando los años necesarios para calcular la vida laboral y aumentando la edad de jubilación». Lorca añade que la estrategia no es nueva y que se complementa con la insistencia de las autoridades en que suscribamos fondos de pensiones privados.

Julene Gabiola, de ELA, lo manifiesta de forma más cruda: se pretende «desmantelar lo público para reforzar lo privado». En su opinión, «el sistema público de pensiones no está en peligro, si retrocedemos en el tiempo, nos vienen diciendo lo mismo durante muchos años, a pesar de lo cual el sistema sigue generando superavit».

Javier Bermejo, de UGT, reconociendo que el sistema admite siempre reformas, recuerda algo que puede parecer una obviedad: «La Seguridad Social tiene una finalidad pública y solidaria, y como sistema público jamás puede quebrar; si se demostrara que las aportaciones de los trabajadores y los empresarios son insuficientes para cubrir las prestaciones, el Estado deberá realizar aportaciones».

Propuestas ministeriales

Las medidas sugeridas por el Ministerio no suponen, en todo caso, ninguna reforma en profundidad. Apuntan a un control más exhaustivo de las prestaciones por incapacidad, a la subida de las bases de cotización, a tener en cuenta la existencia de otras rentas a la hora de conceder ciertas pensiones y a no incentivar económicamente las prejubilaciones.

La mayor parte de estas propuestas son viejas cantinelas para los sindicatos y no todas provocan el mismo tipo de rechazo. Hay, por ejemplo, cierto acuerdo en la necesidad de reformar las prestaciones de viudedad. Fueron concebidas en una época en la que las mujeres apenas estaban incorporadas al mercado laboral, con la finalidad de que no se produjera desprotección tras el fallecimiento del marido. Hoy, con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la situación es muy diferente y se baraja la posibilidad de limitar la pensión cuando coexista con otro tipo de rentas.

Los sindicatos están de acuerdo en reformar esta pensión siempre y cuando nadie quede desprotegido y su cuantía permita alcanzar un umbral mínimo de cobertura.

LAB plantea como alternativa que la pensión de viudedad sea considerada como «un derecho personal no sobrevenido», o sea, que no dependa de la pensión del cónyuge. Según Txomin Lorca (LAB), «habría que separarlas del sistema contributivo para que fueran algo parecido a un salario social y transferir su gestión a los servicios sociales autonómicos».

Lo que dará guerra es el asunto de las jubilaciones anticipadas. El Gobierno ha planteado suprimir cualquier tipo de incentivo que permita optar voluntariamente por la jubilación anticipada antes de los 65 años. La medida no agrada a los sindicatos. Comisiones Obreras no lo duda, «el derecho a la jubilación anticipada de aquellos trabajadores que habiendo cotizado al menos 30 años sean expulsados del mercado de trabajo, no se toca».

UGT, incluso, plantea la creación de un fondo específico que «penalice a aquellas empresas que, obteniendo beneficios, expulsen a trabajadores antes de la edad de jubilación para que se haga cargo de ellos la Seguridad Social».

Confianza

En todo caso, los sindicatos son realistas al reconocer la posibilidad de negociar reformas ahora que la coyuntura económica es favorable. Eso sí, las soluciones, como recuerda Txomin Lorca (LAB), «no deben buscarse exclusivamente en el ámbito de los costes, sino que hay que conseguir siempre un equilibrio entre cotizaciones y prestaciones».

Según Eduardo García (CC OO), los sindicatos negociarán siempre con el objetivo de «garantizar la viabilidad del sistema, mantener unas pensiones dignas y aumentar aquellas que no alcancen el umbral mínimo de cobertura». Hay que mantener la finalidad solidaria del sistema público frente al carácter individualista de las pensiones privadas y, como señala Julene Gabiola (ELA), no potenciar las privadas como «la única forma de solucionar el hipotético peligro futuro de las pensiones públicas». «El Gobierno debería transmitir confianza y no incertidumbre», resume Javier Bermejo (UGT), «por su propia definición, el sistema de protección social jamás puede quebrar».

Que así sea.

http://www.diariovasco.com