La administración busca gestoras para las pensiones de dos millones de funcionarios


Ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas han abierto procesos, que se encuentran en diferentes fases, para crear planes destinados a la jubilación de sus empleados.
09 de junio de 2005

El Ayuntamiento de Madrid publica hoy las condiciones para adjudicar la gestión del plan de pensiones de sus 22.000 empleados. La Diputación de Badajoz y los consistorios de San Sebastian de los Reyes y de Coslada designarán gestora, según lo previsto, antes del verano.

El Ayuntamiento y la Diputación de Valencia se encuentran en sendos procesos de selección y el Ayuntamiento de Salamaca y su Diputación están aún elaborando las normas de funcionamiento de sus respectivos planes, mientras que la Generalitat de Catalunya sigue un proceso más cercano al diseño de las pensiones públicas en el País Vasco que al modelo del resto del Estado (ver información adjunta). A medio plazo, la lista continuará y se espera que la Comunidad de Madrid ponga en marcha el plan de pensiones de sus empleados el próximo año. Pero la lista es más amplia y prácticamente todas las administraciones locales y autónomicas que no tienen plan de pensiones tiene encima de la mesa, en diferentes fases, la constitución de uno.

Las grandes gestoras especializadas en este área –BBVA, La Caixa, Caser, Ibercaja, Sabadell, Popular, Winterthur, Ibercaja– siguen atentamente estos procesos, ya que son las administraciones locales las que más negocio aportan ahora a los planes de pensiones de empleo, que después de la exteriorización de los compromisos por pensiones se ha quedado en estado vegetativo.

Esta concentración de demanda no es casualidad y arranca un proceso que se inició en 2002, cuando en la Mesa General de la Función Pública se llegó a un acuerdo para destinar anualmente un 0,5% de la masa salarial a un previsión social complementaria, explica Carlos Bravo, responsable de este área de CCOO. Los Presupuestos Generales de Estado para 2004 ya incluyeron esta partida, que se ha repetido para 2005 y se mantendrá sucesivamente.

La iniciativa supone que tanto los 540.000 funcionarios de la Administración General de Estado (AGE) como los locales, que representan 1,8 millones entre comunidades autónomas, administración local y universidades, tienen el derecho a tener un plan de pensiones al que el Estado aportará una cantidad anualmente.

La Administración “ha querido dar ejemplo en la promoción de planes de pensiones de empleo y ha dicho: como empresa hago una aportación simbólica a mis empleados y mando una señal al mercado”, apunta Ernesto Sanz, director de vida y pensiones de Caser.

La Administración General del Estado dio el año pasado el primer paso al crear el plan de pensiones de sus 515.000 empleados, gestionado por BBVA. El Estado aporta al plan un 0,5% del salario de los funcionarios, con lo que ha alcanzará un patrimonio de unos 125 millones de euros cuando en junio próximo la Administración realice la aportación de 2005. Está previsto que los planes de pensiones de la CNMV, que será de nueva creación, el de la Sepi, el del Consejo de Estado y de la Sociedad Estatal de Salvamento Maritimo se integren en el de la AGE.

Madrid
El Ayuntamiento de Madrid ha plasmado en su concurso de selección de gestora varias de las condiciones que recogió la Administración Estatal. La entidad seleccionada tendrá que administrar un mínimo de cien millones de euros en planes de pensiones de empleo, condición que cumplen 25 gestoras y deberá alcanzar ciertos requisitos mínimos de solvencia. El Ayuntamiento de Madrid y los sindicatos han pactado que la comisión de control del plan tenga mayoría de representantes de los sindicatos.

Lo previsto es que a finales de julio esté seleccionada la gestora y que el plan esté en funcionamiento a finales de año. La aportación del ayuntamiento será de seis millones de euros, el 1% de la masa salarial, al sumar al de 2004 y 2005.

La Generalitat quiere un modelo como el del País Vasco
La Generalitat de Catalunya también ha puesto en marcha el proceso de previsión social complementaria para sus 133.450 empleados. El Gobierno anterior ya abordó el tema que quedó congelado con el cambio de Ejecutivo. Ahora, el Tripartito ha retomado los trabajos y mantiene el esquema que se barajaba con CiU. Este diseño contempla la posiblidad de crear un plan de pensiones administrado no por una gestora sino por una mutualidad de previsión social, un tipo de entidades con mucho arraigo en Cataluña y que se rige por la legislación de esta comunidad autónoma.

El Instituto Catalán de Finanzas sería la entidad depositaria, según este proyecto puesto encima de la mesa.Con este esquema, las pensiones de los funcionarios de la Generalitat se acercarían al que tienen los empleados públicos del País Vasco, cuyo sistema está materializado en entidades de previsión social complementaria (EPSV), similares a las mutualidad, regidas por las normas del País Vasco.

Una delegación de la Generalitat ha visitado en dos ocaciones (en este Gobierno y en el anterior) los dos sistemas de previsión del País Vasco –Elkarkidetza, el de la administración local y foral; e Itzarri, el de la administración general del Gobierno vasco– para recabar información sobre sus peculiaridades y funcionamiento.

Los sindicatos se oponen a este diseño y proponen que la previsión social de la Generalitat se canalice a través de un plan de pensiones y que se elija una entidad para gestionar el ahorro que se coloque eneste instrumento.

BBVA, Caser y La Caixa, entre los más activos
BBVA, a través de su filial GPP, participada por CCOO y UGT, es, con diferencia, la mayor gestora de planes de empleo en el sector público, donde administra las jubilaciones del Ayuntamiento de Barcelona, Banco de España y Canal de Isabel II, entre otros. El responsable de este negocio, Jose Ignacio Galán, afirma que gestionan 70 planes que aglutinan 550 millones de euros de patrimonio, distribuido entre 540.000 partícipes, de los que algo más de 500.000 son del fondo de la AGE. Galán explica que la entidad “estamos hablando con unas 50 diputaciones y ayuntamientos, aunque es un proceso lento, que se moverá más en la segunda parte
del año”, para poder incluir del importe de la dotación presupuestaria prevista.

Caser, gestora controlada por las cajas, gestiona 72 millones de euros en 57 planes que agrupan a 25.000 participes de las administraciones pública, entre ellas la del Principado de Asturias.

“La cercanía de las cajas a ayuntamientos y diputaciones nos facilita las cosas”, afirma ernesto Sanz, director de vida y pensiones de Caser.

Vidacaixa, de La Caixa, administra 3,5 millones de 3.000 partícipes distribuidos en 35 planes de administraciones públicas entre las que están los ayuntamientos de Cadiz y Cuenca.

Expansion


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