José María Fidalgo en su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo

Intervención de José María Fidalgo en su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo para presentar la propuesta de CC.OO. sobre la atención a las personas dependientes
03 de junio de 2005

“Sr. Presidente de la Comisión, señoras y señores diputados. En nombre propio y en el de la organización a la que represento quiero agradecerles la oportunidad que me dan para exponerles nuestra visión en relación con uno de los retos importantes que nuestro sistema de protección social tiene planteados, cual es el de la atención a las personas en situación de dependencia.

Como es sabido, el notable incremento de las expectativas de vida hace que en muchos casos ésta se produzca con un importante nivel de dependencia que requiere cuidados intensos, prolongados en el tiempo y de una cierta especialización. Cuidados que no sólo son requeridos como consecuencia del envejecimiento sino que en muchos otros casos su causa radica en una discapacidad congénita o adquirida.

Así pues estamos ante una situación con fuerte incidencia social que tiende a acentuarse en los próximos años.

Igualmente es sabido que las familias, y de forma muy mayoritaria las mujeres, han venido y vienen desempeñando el papel de cuidadoras, realizando una función con importantes costes físicos, psicológicos y económicos que dificulta gravemente la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, coarta sus proyectos personales y profesionales y constituye un freno importante para su participación, en condiciones de igualdad, en tareas políticas, sociales y de muy diverso tipo.

La C.S. de CC.OO. viene reclamando, desde hace años, el desarrollo de un sistema de atención a esta necesidad y lo ha convertido en una de sus prioridades en la negociación sobre protección social. Es por ello por lo que, también desde hace tiempo, nos hemos venido dirigiendo al Gobierno de la nación y a las diferentes fuerzas políticas para demandar que, con el acuerdo de los agentes económicos y sociales se procediese a la regulación legal, con carácter estatal, de la atención a las personas en situación de dependencia.

Y consideramos que el grado de sensibilización que con relación a este tema se ha alcanzado en nuestra sociedad, hace imperioso que pasemos de la manifestación de voluntades a la concreción de propuestas que puedan ser objeto de negociación en la mesa correspondiente para que, una vez alcanzado el acuerdo, se plasme en un proyecto normativo y se tramite parlamentariamente.

Con el ánimo de contribuir responsablemente a tal finalidad CC.OO. considera que sería muy conveniente abordar la configuración del sistema de atención sobre una serie de bases que, sin ánimo de exhaustividad, paso a referir:

La primera estaría referida a la universalidad de la prestación, con el fin de que toda persona en situación de dependencia, sea cual sea su edad y el origen de la dependencia, tenga derecho, a partir del año en que la ley lo determine, a acceder a las prestaciones del sistema, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan.

La segunda se refiere al carácter público de la prestación. Nosotros entendemos y sostenemos que independientemente de las formas de financiación y de las que adopte la gestión concreta de cada prestación, ésta tenga el carácter de una prestación del Sistema Público de Seguridad Social.

La tercera hace referencia a la igualdad en el acceso al derecho. Mi organización entiende que la ley debiera tener carácter de normativa básica estatal y por tanto de mínimos garantizados cualquiera que fuera el lugar de residencia, sin menoscabo de que las administraciones autonómicas y locales pudieran, por su cuenta, ampliar o mejorar las condiciones básicas.

La cuarta base aboga por un sistema de valoración y reconocimiento único en toda España. Es decir, los criterios de evaluación y la composición de los equipos profesionales que efectuaran el reconocimiento debieran ser comunes para todo el Estado y debieran ser objeto de acuerdo en el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y en el Consejo Interterritorial de Salud. Y entendemos que debieran fijarse tres grados o niveles de dependencia, que bien pudieran ser los establecidos en la Encuesta de Discapacidades, deficiencias y estado de salud de 1999; es decir: moderada, severa y total.

El quinto aspecto que nosotros consideramos básico hace referencia a la gestión descentralizada a cargo de las Comunidades Autónomas, incluyendo aquí la participación, en determinadas prestaciones, de las Corporaciones Locales. A tal efecto entendemos que a partir del reconocimiento de la situación de dependencia, la Comunidad Autónoma derivaría a la persona dependiente al servicio o centro adecuado en función del grado con que se hubiera calificado aquélla.

La sexta cuestión que estimamos básica es la necesaria garantía de inmediatez y agilidad tanto en el proceso de evaluación como en la revisión en caso de modificación del grado de dependencia. Nosotros pensamos que el procedimiento de reconocimiento debe reunir condiciones suficientes para que no supere los tres meses contados desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la comunicación de la resolución administrativa, y que dicho plazo debería reducirse a dos meses en caso de revisión.

El séptimo aspecto básico que nosotros estimamos conveniente se refiere al establecimiento del copago por parte de los usuarios de la respectiva prestación. Nosotros pensamos que, en las condiciones que se establezcan con carácter general para toda España, debiera adoptarse alguna fórmula de copago a efectos de garantizar una mayor viabilidad al sistema que venimos propugnando. Ni que decir tiene que cualquiera que fuese la fórmula ésta debiera ser proporcional a las rentas de los usuarios y siempre existiría la garantía de acceso al derecho para aquellas personas que carecieran de capacidad total o parcial de copago.

En octavo lugar abogamos por una prestación preferentemente de servicios, con el objeto de garantizar mejor la calidad que requiriera la atención y de que ésta llegara en adecuadas condiciones a la persona dependiente. El hecho de que fuera preferentemente una prestación de servicios no excluiría, como es obvio, el que, en determinadas circunstancias pudiera sustituirse por la fórmula del cheque servicio u otras similares.

A este respecto, apuntamos como una posible cartera de servicios la compuesta por:

Servicio de teleasistencia para dependencias leves o moderadas.
Servicio de ayuda a domicilio con una intensidad horaria mínima de 2 horas diarias para la dependencia moderada.
Servicio de viviendas tuteladas para la dependencia moderada.
Servicio de centros de día para dependencia moderada y severa.
Servicio de residencias asistidas para dependencia severa y total.

Además, para los cuidadores familiares, más allá de facilitarle la información y formación adecuadas para una mejor atención, deberían establecerse sistemas de respiro tales como estancias temporales; ayuda a domicilio en fines de semana, etc.

Deberán contemplarse también ayudas económicas para la adaptación de viviendas o la adquisición de bienes adaptados. Y para la atención temporal sanitaria debieran desarrollarse los centros de día hospitalarios, la atención domiciliaria hospitalaria y las unidades hospitalarias de cuidados de larga duración.

El noveno aspecto que nosotros entendemos que resulta básico es el de la compatibilidad de la provisión pública y la acción concertada. Nosotros pensamos que para la optimización de los recursos existentes y para una más rápida cobertura, resultaría especialmente adecuado impulsar la acción concertada con la iniciativa privada tanto en su vertiente lucrativa como no lucrativa. A este respecto deberían acordarse unos criterios básicos de concertación a nivel de todo el Estado que garantizaran la calidad de la atención para los usuarios y ofrecieran seguridad económica para las empresas y entidades concertantes.

Las Comunidades Autónomas deberían, a estos efectos, establecer el reconocimiento de empresa o entidad validada para prestar servicios concertados. Y las condiciones para esa validación y la fijación de unos estándares de calidad básicos, debieran acordarse en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.

Lógicamente una acción concertada como la que preconizamos debe llevar aparejados instrumentos ágiles de inspección y evaluación periódicos y contemplar la posibilidad de la rescisión automática de los conciertos por incumplimiento de los términos de los mismos.

Un décimo punto que nosotros consideramos importante a la hora de diseñar un sistema como el que proponemos está referido a la necesidad de elaborar un calendario de aplicación del nuevo sistema de atención y de fijar las prioridades. Entendemos que, en función de la financiación disponible y de los recursos existentes, debería establecerse un calendario de entrada en vigor del disfrute del derecho así como los colectivos que, prioritariamente, accederían al mismo. Dicho calendario abarcaría la actual y la próxima legislatura.

Al respecto nosotros defendemos que la entrada escalonada de beneficiarios en el sistema abarque, en el primer año, como mínimo a todas las personas con dependencia total que vivan solas.

La atención podría irse ampliando de forma que, en un plazo de cuatro años, cubriría a todas las personas con dependencia total y a aquellas que, con dependencia severa, vivieran solas.

Transcurridos ocho años desde la puesta en marcha del sistema deberíamos tener atendidas a todas las personas con dependencia total y severa y a todas aquellas que estuvieran en situación de dependencia moderada y vivieran solas.

De este modo debiéramos estar en condiciones de que, en un plazo de 10 años contados desde ahora, toda la población con algún grado de dependencia, estuviera atendida según las condiciones establecidas en el sistema.

Llegados aquí es necesario pensar o decir cómo se financiaría un sistema como el que estamos proponiendo, el cual, dicho sea de paso, desearíamos que naciera con un consenso máximo de las fuerzas sociales y políticas así como el respaldo del Consejo Interterritorial de Salud y de la Conferencia de Asuntos Sociales.

Al respecto de la financiación, nosotros preconizamos un sistema transitorio en el inicio, que correría a cargo de una parte del superávit que, durante los próximos ocho o diez años debiera seguir alcanzando la Seguridad Social. De esta forma el sistema nacería con una base financiera suficiente que, sin impedir que siguiera aumentando el Fondo de Reserva, puesto que moderaría su crecimiento, permitiría una migración suave a un sistema de financiación vía impuestos generales en el que colaborarían las tres administraciones.

Es conocida nuestra posición de que ni durante el periodo transitorio ni después, la puesta en marcha de un sistema de atención a las personas en situación de dependencia, debe conllevar incremento alguno de las cotizaciones sociales.

Esta manera de hacer arrancar el sistema, acompañado de las formas adecuadas de participación institucional de los agentes económicos y sociales, dota, a nuestro entender, de realismo y compromiso el anhelo que, por motivos diferentes, formulan muy diversos sectores sociales en relación con este tema. Tema que, pese a los números tanto de personas a atender como de euros a emplear, no puede ni debe ser visto sólo por la vía del gasto, pues a nadie se le escapa que aquí, además de satisfacer una necesidad alta y crecientemente sentida de toda la sociedad, estamos poniendo en marcha una nueva fuente de empleo creciente y permanente cuyos beneficios personales, sociales y fiscales no pueden ser ignorados.

La propuesta que yo, en nombre de CC.OO. les acabo de exponer, la concebimos como un complemento imprescindible de nuestro actual sistema de protección social. Y de acuerdo con el compromiso y la responsabilidad que, en torno al mismo, mi organización viene poniendo de manifiesto, tal como se ha plasmado en los acuerdos de 1996 y 2001 en relación con el sistema de pensiones. Este compromiso y esta responsabilidad los renovamos hoy aquí, en el seno de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, para, desde los mismos, exigir de quien este momento tiene la responsabilidad de su administración, es decir, del Gobierno, que impulse y propicie con tiempo suficiente las reformas pertinentes que el sistema demanda para un futuro no tan lejano en el cual se debe afrontar el reto de pagar un número muy superior de prestaciones (4,7 millones más en 2040) así como la mejora de las mismas, de forma acorde con la mayor riqueza disponible y con las posibilidades de sostenimiento financiero a largo plazo.

Dichas reformas y su correcta orientación están contempladas en las recomendaciones del Pacto de Toledo que nosotros apoyamos y por cuya pervivencia apostamos y que, como es sabido, fue suscrito y renovado por la mayoría de las fuerzas parlamentarias. De no ser tenidas en cuenta y plasmadas en nuevos acuerdos con los agentes económicos y sociales, el sistema pudiera verse retrotraído a situaciones de zozobra donde los poderosos intereses de unos pocos; la irresponsabilidad o el corto cálculo político de los otros; y el inmovilismo conservador siempre presente, se aunaran en contra de la necesaria solvencia y sostenibilidad que aquél necesita y los trabajadores y sus representantes les demandamos”